El fiscal pide que la Audiencia abra juicio por prevaricación contra el alcalde de Mondariz
GALICIA
El Ministerio Público reclama su inhabilitación durante 7 años por pedir una subvención para obras que ya estaban hechas
24 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El fiscal ha solicitado a la Audiencia Provincial de Pontevedra la apertura de juicio oral contra el alcalde de Mondariz, Julio Alén (PP), al que acusa de un presunto delito de prevaricación por el que pide siete años de inhabilitación para cargo público. La acusación también está dirigida contra el arquitecto técnico municipal, Adriano do Carmo Fernández. Para este profesional, el Ministerio Público solicita una pena de tres años y medio de prisión por falsedad en documento oficial y en certificado, por unas obras que no se hicieron y por las que el Concello recibió una subvención de la Xunta.
Los hechos se remontan a mayo del año 2010 cuando Julio Alén Montes, en su calidad de alcalde, solicitó una subvención de la Xunta por importe de 39.812 euros para la «construcción de pistas deportivas ao aire libre». Previamente la Secretaría Xeral para o Deporte había publicado en el DOG la convocatoria de subvenciones. En el proyecto presentado con la solicitud se afirmaba que las obras se harían en una parcela «vacía e infrautilizada». El Concello aportó el plano del lugar en cuestión así como una fotografía de un terreno que, efectivamente, estaba vacío y en el que no figuraba construcción ni edificación alguna. En el pie de la fotografía que se ajuntaba se explicaba que ese era el espacio donde se construirían las pistas de deporte.
El fiscal señala que «en realidad el lugar donde se ubicaba la construcción era exactamente el mismo en el que ya existían previamente una pista de tenis y otra polideportiva, pertenecientes al Ayuntamiento y que constaban inventariadas ya en el año 2006».
El Ministerio Público explica que «la actividad realmente llevada a cabo no consistió en la construcción de ninguna pista sino que se aprovechó el suelo y demás elementos ya existentes para hacer labores de simple reparación y mejora».
La fiscalía afirma que: «el acusado, Julio Alén Montes, que conocía estas circunstancias, se valió del engaño en la solicitud para lograr que de este modo se concediese la subvención».
Las obras se adjudicaron a la empresa Construcciones Vale que las realizó en 2010. El 9 de noviembre de ese año «la representante de la empresa, Adriano do Carmo y Julio Alén Montes (cuya firma sin embargo no aparece) extendieron el acta de recepción de las obras».
En ella se hizo constar que las obras «fueron ejecutadas de acuerdo con el proyecto contratado». La fiscalía sostiene que ambos acusados sabían que esta afirmación no respondía a la realidad. El arquitecto técnico municipal emitió la correspondiente certificación de obras por importe de 49.766 euros en la que «se hacían constar conceptos por trabajos distintos a los que se habían realizado». El fiscal explica que la subvención fue cobrada pero posteriormente reintegrada a la Xunta porque esta «detectó el fraude» y exigió la restitución del dinero entregado. El regidor dijo que devolvió el dinero y que hizo caso de los técnicos y del secretario y que si tiene que ir a juicio «que se le va hacer».