El ministerio desconoce los plazos para acometer medidas contra los atascos
31 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La concesionaria de la autopista del Atlántico no sufrirá sanción alguna a propuesta del Ministerio de Fomento por las tres jornadas del pasado verano en las que las áreas de peaje más cercanas a las zonas de playa y a Santiago sufrieron atascos y retenciones kilométricas.
Pese a los fuertes reproches que la ministra Ana Pastor lanzó entonces contra Audasa al apuntar a la empresa como responsable de dichos colapsos, los inspectores adscritos al propio ministerio que han llevado a cabo una auditoría integral sobre el servicio de la AP-9 no han encontrado motivos que justifiquen la posible sanción. Fomento confirmó ayer que el informe preliminar no recoge propuestas de multas a la concesionaria, por lo que al margen de que estimen que se puede mejorar la gestión de cobros y pasos por los peajes, no se atribuiría a Audasa responsabilidad directa en los atascos.
Advertencia de Pastor
En medio de la campaña estival Pastor había expresado su indignación por las retenciones registradas en la autopista gallega: «Tomaremos todas las medidas necesarias y como haya incumplimientos reiterados incluso podremos llegar a suspender la concesión, porque la empresa tiene que garantizar la calidad del servicio. Yo velo por los intereses de los ciudadanos y si hay incumplimientos reiterados, no me temblará el pulso en ordenar la suspensión. Que no se preocupen los ciudadanos que la Administración va a actuar», había señalado la ministra de manera enérgica durante una visita oficial a Vilagarcía.
Al margen de eludir cualquier sanción, el informe preliminar de los inspectores apunta una serie de mejoras que deberían aplicarse para garantizar que no se volverán a producir atascos en los momentos de mayor densidad de tráfico, como la ampliación de áreas de peaje y sus accesos en Miño, Teo, Curro y Alba, como la propia ministra adelantó el mes pasado en el Congreso, así como una actualización de firme y señalizaciones en determinados puntos por un valor de 14,5 millones de euros.
Aunque concreta las obras a realizar y también el coste, el informe nada apunta, según el propio ministerio, sobre los plazos en los que se deberían acometer las mejoras y quién sería el encargado de aportar los fondos para realizar las obras que Fomento estima como imprescindibles.
Un rescate de más de 2.000 millones
La plasmación de la alusión hecha en verano por la ministra de Fomento sobre la suspensión de la concesionaria de la AP-9 hubiera costado a las arcas públicas más de 2.000 millones de euros. Los más de setecientos millones de deuda declarados por Audasa, más los 486 millones en los que cifra su patrimonio neto, más las cantidades que se pudieran exigir en concepto de lucro cesante, llevaría a Fomento a pagar una factura equivalente prácticamente a la mitad de lo que maneja el ministerio para hacer frente al rescate de las diez autopistas en quiebra en todo el Estado.