Ethel Vázquez señala que con la modificación del contrato de la autovía de la Costa da Morte la Xunta busca el interés general y no favorecer a la concesionaria.
-El BNG se ha querellado. Denuncia un sobrecoste de 372 millones. ¿Qué tiene que decir?
-El BNG miente y manipula los números. La longitud de la autovía nunca fueron los 60 kilómetros que dicen, sino 42. Y el coste nunca fue de 9 millones por kilómetro, ni será ahora de 22,8. Además, hay expropiaciones y trabajos realizados en el segundo tramo, el que queda para más adelante, que hay que pagar, pero no se pueden sumar al coste del primero. No habrá sobrecoste alguno. La Xunta actúa en defensa del interés general, reduce pagos a la concesionaria y hace posible el vial. Parece que el BNG no quiere que los vecinos de la Costa da Morte tengan su autovía y no le importa poner en riesgo los 1.300 puestos de trabajo directos y 600 indirectos que crearán las obras.
-Pero la revisión del contrato choca con las advertencias de que lo rescindirían si la concesionaria no cerraba la financiación.
-Intentamos limitar el impacto de las concesiones en las cuentas de la Xunta. Y la autovía de la Costa da Morte está en esa línea de disminuir los pagos a las concesionarias lo máximo posible.
-Usuarios gallegos de autovías portuguesas están siendo demandados por impagos de peajes. ¿Está realizando la Xunta alguna gestión al respecto?
-Nos consta por la prensa. Tendré una reunión en breve con el secretario de Estado del Gobierno de Portugal, y será uno de los temas que le traslademos.
-El plan de transporte metropolitano se resiste en Vigo, Pontevedra y Ourense.
-Es un plan que funciona. En A Coruña se ha duplicado entre el 2010 y el 2013, de 2,3 millones de viajes al año a 4,6. De los 14 concellos del área de Vigo, 13 quieren el transporte metropolitano, que incluye descuentos a mayores para estudiantes y familias numerosas. Pero sin consenso es imposible. Que el alcalde de Vigo explique por qué va en otra dirección. No lo entiendo. Ahora estamos centrados en Vigo, pero empezaremos a trabajar en Ourense y Pontevedra. Si hay consenso de los concellos, aportaremos el 80 % del coste.