«La Xunta puede dar el mejor servicio en la AP-9 que piden los ciudadanos»

Dirige el que, en otro tiempo, fue vivero de delfines de la Xunta. De perfil más técnico que sus predecesores, Feijoo entre ellos, Ethel Vázquez pide el traspaso de la AP-9 y defiende ajustes para bajar la hipoteca de las concesiones, un «sistema agotado».

-Uno de sus objetivos es mejorar la relación con los alcaldes. ¿Cómo lo lleva?

-Es una consellería que está cerca de los alcaldes. Lo estuve en Augas de Galicia y en la Axencia de Infraestruturas. Tengo la puerta abierta para ellos.

-Y más vale que se entienda con ellos, porque va a necesitar su implicación directa para aplicar la futura Lei do Solo.

-Estamos colaborando con la Fegamp y con todos los agentes implicados. Ahí el objetivo es alcanzar el máximo consenso.

-Pues ese consenso con los alcaldes es complicado, porque no están por la labor de llegar a sancionar a los vecinos que no rematen sus viviendas.

-La ley es una herramienta para ayudar al planeamiento municipal. Se crean los planes básicos para agilizar la tramitación y se elimina mucha burocracia. La ley da más autonomía a los concellos y es más ágil. En las casas sin rematar, el objetivo no es multar, sino concienciar. Aunque saltarte el semáforo en rojo no puede salir gratis.

-¿Y qué les lleva a pensar que los alcaldes tendrán ahora una actitud diferente al rechazo que han mostrado a imponer las sanciones previstas en la ley?

-Creo que al final todos entenderemos que el objetivo de la ley es que perdure. Todos debemos concienciarnos de que el paisaje y el territorio gallego son un tesoro que debemos preservar.

-Pero el consenso político está difícil y la aplicación de la ley se resentirá sin ese acuerdo.

-No solo queremos el consenso, trabajamos para que lo haya con los grupos parlamentarios y los agentes implicados. Atenderemos las aportaciones positivas para hacer una ley mejor.

-Tampoco será sencillo pactar con los alcaldes la coordinación de los tres aeropuertos, que es crucial para Galicia.

-Tenemos tres aeropuertos y su coordinación es imprescindible para que sean competitivos. Estamos reclamando a Fomento que convoque el comité de coordinación. Y dentro de nuestras competencias también buscamos esa coordinación. El billete combinado bus-tren mejorará la conectividad terrestre.

-Ya son ocho meses sin noticias del comité de coordinación. ¿Corre el riesgo de acabar en nada, como el anterior?

-Estamos reclamando que ese comité se convoque pronto, para abordar estos temas cuanto antes y trabajar para la coordinación de los tres aeropuertos.

-En la gestión de la AP-9 tampoco hay novedades. Fomento amagó con rescindir la concesión, pero no se ha tomado ninguna medida para prevenir colas en las áreas de peaje.

-Sí se han tomado. Fuimos los primeros en exigir un servicio de calidad. Es la obligación de la concesionaria. No podemos permitir episodios como los ocurridos en verano. También pedimos por escrito a Madrid la transferencia y titularidad de la autopista, que discurre íntegramente por Galicia. La Xunta es quien puede dar ese mejor servicio que piden los ciudadanos.

-Sí, pero tanto este Gobierno como los anteriores siempre se cerraron en banda al traspaso.

-Nosotros hemos trasladado al Ministerio de Fomento que es legal y mejor para los gallegos. Por eso seguimos reclamando.

-¿Debería ser sancionada la concesionaria si se repiten las aglomeraciones en la AP-9?

-Si el servicio es de mala calidad y no se presta de forma correcta, hay que tomar todas las medidas previstas en el contrato. Y por supuesto sancionar.

-Las autovías en concesión se han revelado como un mal negocio para la Administración. Además de que hipotecan las cuentas, ahora auxilian a las concesionarias de Barbanza y O Salnés para evitar su quiebra.

-Ese sistema está agotado. Las empresas no pueden obtener créditos y por eso haremos con fondos propios la autovía de O Morrazo. Otro debate es el de la responsabilidad patrimonial, que nos obliga a pagar decenas de millones en un único pago.

-Usted habló de 127 millones.

-Queremos evitar pagar esa responsabilidad patrimonial. Y se pagará menos de lo previsto en los contratos concesionales.

-Tendrán que explicarlo bien, porque lo que ven los ciudadanos es un auxilio a empresas privadas con dinero público.

-Es trabajar por el interés general, porque evitamos pagar [en las autovías de Barbanza y O Salnés] un montón de millones a la empresa privada, y en un único pago. Todos nuestros compromisos contables son de gobiernos anteriores. Suponían 3.500 millones cuando llegamos, y ahora esa cifra ha bajado en un tercio [casi 1.200 millones].

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