El pleno del Parlamento gallego aprobó ayer la Lei de Accesibilidade de Galicia, un texto normativo que promueve la eliminación generalizada de las barreras arquitectónicas, especialmente en los edificios y las instalaciones de carácter público, para facilitar su uso por parte de las personas que tienen diversidad funcional. Pese a que los grupos de la oposición accedieron a pactar con el PP algunos aspectos del proyecto legislativo, lo cierto es que la aprobación final contó únicamente con el apoyo del grupo mayoritario, pues tanto PSdeG como AGE, el BNG y el grupo mixto optaron por la abstención.
Los populares intentaron hasta el último minuto recabar algún apoyo de la bancada izquierda, hasta el punto que su portavoz en este debate, Marta Rodríguez Arias, discutió varias propuestas de transacción con la oposición, incorporando a la ley algunas de ellas que sí fueron votadas puntualmente por unanimidad. Se trata de puntos que aclaran o precisan más la definición de lo que se entiende por edificios o espacios públicos y por «itinerarios accesibles».
Limitación presupuestaria
La oposición echó en falta que el nuevo texto nazca sin una dotación presupuestaria concreta para canalizar las medidas que propugna y advirtió que los derechos que se les otorgan las personas con diversidad funcional no pueden verse condicionados por las limitaciones presupuestarias.
La Lei de Accesibilidade modifica el texto vigente desde 1997 y propugna una sociedad «inclusiva e accesible» que garantice la autonomía de las personas, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía.
Peor suerte corrieron otras dos proposiciones de ley abordadas también ayer por el pleno de la Cámara. Una de ellas, impulsada por el grupo AGE, planteaba prohibir el uso de cianuro en la minería en Galicia y fue rechazada por el grupo que sustenta al Gobierno, mientras que la otra, la Lei de Corresponsabilidade, fue impulsada por el BNG y secundada por toda la oposición, pero rechazada por el PP.