El fiscal pide diez años de inhabilitación para la concejala de urbanismo de Ourense por una licencia
OURENSE CIUDAD
Sobre la socialista Áurea Soto pesa una acusación particular de prevaricación por la licencia que legalizó la urbanización de la plaza de San Antonio
20 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La concejala de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, sobre quien pesa desde mediados de octubre una acusación particular de prevaricación por la licencia que legalizó la urbanización de la plaza de San Antonio en el año 2007, también tendrá en frente al fiscal. Es el primero de los casos abiertos en distintos juzgados de Ourense -todos por denuncias o querellas del grupo municipal minoritario Democracia Ourensana y por el entorno de un empresario del sector inmobiliario- en el que el ministerio público formalizará acusación contra ella.
El fiscal atribuye a Áurea Soto de un delito de prevaricación urbanística, por el que pide diez años de inhabilitación. Aunque la última revisión del Código Penal prevé por este delito penas de prisión y multa, al haberse producido los hechos en el año 2007 el fiscal aplica la redacción anterior, en la que la condena prevista es la de multa e inhabilitación.
El acusador público no advierte los indicios del delito de malversación de caudales que había apuntado el juez de instrucción en el auto del pasado 26 de septiembre de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El acusador privado tampoco plantea ese delito, que acarrearía penas de prisión.
Este asunto nació de una denuncia de D. O., que se retiró del caso tan pronto como el juez comenzó la instrucción y le exigió fianza. Entró en escena entonces el empresario que está detrás de la mayoría de los asuntos penales que afectan a la concejala de Urbanismo, con quien está abiertamente enfrentada por diferencias de criterio en el aprovechamiento de suelo y cesiones al Concello.
El caso que llevará al banquillo a la concejala afecta también al abogado Carlos Hernández, un profesional especialista en urbanismo a quien Soto encargó un dictamen que permitió conceder licencia municipal a la urbanización de la plaza de San Antonio, tanto a las viviendas como a los locales comerciales y al garaje subterráneo. El punto de controversia está en la licencia que ampara la explotación privada del subsuelo público. La acusación sostiene que al no estar los técnicos municipales dispuestos a informar favorablemente la legalización del párking, la edila acudió a Hernández para ampararlo con un informe a medida. Soto y el gobierno local defienden que su proceder está amparado por resoluciones del Tribunal Superior de Galicia y que con su actuación se puso fin a un conflicto que hubiera costado al Concello 38 millones de euros en indemnizaciones.