El ministerio público ha pedido el expediente al Concello tras la denuncia de los opositores contra el alcalde Caballero y la empresa adjudicataria
28 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El colectivo vecinal que se opone a la colocación del antiguo pesquero Bernardo Alfageme
en una rotonda del barrio vigués de Coia ha conseguido que la Fiscalía investigue su denuncia por presunta prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación dirigida contra el alcalde y la empresa que lleva a cabo las obras. La demanda fue presentada hace varias semanas y días atrás el fiscal reclamó al Concello la remisión del expediente de adjudicación, que todavía no ha llegado a la sede judicial.
Ayer mismo dos de los denunciantes acudieron al juzgado para ratificarse en la denuncia, en la que solicitan que se tome declaración al alcalde, Abel Caballero; al concejal de Fomento, David Regades, y a los representantes de la sociedad Civis Global, una firma que en los últimos tiempos se ha visto mezclada en sonados casos judiciales como el de las 5 Jotas (empleo de facturas falsas) o el caso Hormigón, por el que ha sido imputado el concejal socialista de Vigo Ángel Rivas por negociaciones prohibidas a funcionarios.
Los denunciantes alegan que no existe proyecto de reforma «tramitado e aprobado seguindo os trámites legal e regulamentariamente esixidos» y como prueba señalan que no figura en el perfil del contratante en la web del Concello. También que no se ha facilitado información alguna sobre las condiciones de las obras y el procedimiento de adjudicación.
El hecho de que no exista ningún cartel informando de las obras y la empresa que las lleva a cabo es para los denunciantes una prueba más de la «opacidade» del proyecto, que no consideran «unha mera infracción senón un suposto de malversación». De hecho, aseguran que supieron que era Civis Global la que ejecutaba los trabajos en la rotonda de Coia por la identificación de los operarios, pero no por otra cosa.
Igualmente, destacan que la mayoría de la corporación viguesa está en contra de su colocación en una rotonda. Esta cuestión se debatió en dos ocasiones en el pleno municipal y en ambas BNG y PP derrotaron al PSOE, reclamando llevarlo al Museo del Mar. La oposición también avaló las acusaciones de opacidad, asegurando que algunos de sus concejales intentaron acceder al expediente en varios departamentos municipales, pero no pudieron lograrlo.
Los trabajos siguen paralizados y vigilados por la Policía Local tras varios incidentes
Un asunto que
a priori
parecía menor y escasamente conflictivo como es la decoración de una rotonda utilizando un barco histórico propiedad del Concello ha terminado convirtiéndose en el mayor conflicto social que padece Abel Caballero en ocho años de mandato municipal. La decisión fue desde el principio contestada por los grupos de la oposición, partidarios de trasladarlo al museo de Alcabre, pero el verdadero problema para el regidor fue elegir como destino un barrio donde existe un potente movimiento cívico que lleva años batallando contra la política social del Concello radicado en la iglesia Cristo de la Victoria.
Aunque no ha logrado convocar multitudes en contra de la instalación del barco (500 personas en cada una de las dos manifestaciones y cifras menores en la ocupación de la rotonda), su movilización tiene en jaque a la Policía Local desde que el 3 de diciembre paralizaron las obras. Aprovechando la sorpresa de la madrugada del día de Navidad, Caballero logró desalojar la rotonda y vallarla, con lo que las obras han proseguido de manera intermitente con despliegue de medios policiales.
Al margen del parón del proyecto, la intervención del destacamento especial de la Policía Local ha provocado varias detenciones y la acusación de atentado a la autoridad contra tres opositores. Según el Concello, cuatro policías han sufrido contusiones y el primero de los juicios por estas denuncias tendrá lugar el próximo 4 de febrero. Los opositores rechazan haber agredido a los agentes y los acusan de trato violento.