La vivienda habitual penaliza más al alumnado de la zona rural para lograr una beca universitaria

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Sea cual sea la renta de la familia se denegará la ayuda si se superan determinados umbrales de patrimonio familiar

30 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Obtener una beca universitaria se está haciendo cada vez más cuesta arriba. Al endurecimiento de los requisitos académicos que hace un par de años llevó a cabo el Ministerio de Educación, se suma que los criterios económicos no son en ocasiones demasiado coherentes. Según la resolución que regula estas ayudas para este curso, sea cual sea la renta de la familia se denegará la beca si se superan determinados umbrales de patrimonio familiar.

Lo que ocurre es que el patrimonio cuenta de forma diferente si está ubicado en suelo rústico o en urbano, y es ahí donde vienen las quejas. En el caso de las urbanas, el valor catastral no podrá superar los 42.900 euros entre todos los miembros computables de la familia, sean los que sean, y siempre excluyendo la vivienda habitual. Es decir, contaría una segunda casa, un local comercial, garajes, etcétera, y siempre con un coeficiente corrector en función del año en el que se actualizó el catastro. En el caso de las fincas rústicas, el valor catastral no podrá superar los 13.130 euros, aunque en este caso por cada miembro de la familia, «excluyendo el inmueble que constituya la vivienda habitual».

Computa el suelo

¿Dónde surge la polémica? Que en las fincas rústicas, que por estar en el rural suelen tener finca, el terreno colindante no se considera vivienda habitual, y ni siquiera el suelo en el que está edificada la casa. Es decir, sí se tendría en cuenta para dar o denegar una beca el suelo de la casa, aunque sea la primera vivienda de la familia, algo que en el caso de las urbanas no computa.

Las quejas han llegado al defensor y al Congreso de los Diputados, en donde el BNG presentó una iniciativa hace varios días, denunciando un precedente que para los nacionalistas conculca la igualdad de oportunidades, al distinguir entre alumnos de entornos urbanos y rurales. En realidad, desde los propios servicios de becas de las universidades gallegas aclaran que el valor catastral más alto es el del inmueble, no el de la finca. Por ejemplo, tomando un caso real, en una finca rústica cuyo valor total es de 233.000 euros, 227.000 se corresponden con el inmueble, por lo que solo contaría como patrimonio los seis mil euros restantes del suelo y la finca. ¿Qué ocurre? Que si estos seis mil euros se suman a una segunda vivienda o propiedad pueden acabar provocando que se supere el umbral económico, y por lo tanto la pérdida de la beca.

Ingresos bajos sin beca

Los servicios de becas ven otro problema más grave para las familias que no tienen muchos recursos. En otro de los puntos de la resolución de ayudas del ministerio se recoge que los rendimientos del capital mobiliario y el saldo de ganancias y pérdidas patrimoniales no puede superar los 1.700 euros anuales. En este caso no se especifica ni siquiera si es para una familia de un miembro, dos, tres o seis. Es decir, los 1.700 euros son un tope sea cual sea el número de integrantes del hogar. Las unidades de gestión de becas han detectado casos con ingresos muy bajos que por tener patrimonio o haber vendido en el año a valorar una finca o una construcción han perdido inmediatamente el derecho a la beca. «Se penaliza el patrimonio, aunque los ingresos sean muy bajos», explican.

El Catastro incluye el suelo dentro de la vivienda habitual

Las familias afectadas por esta forma de contabilizar la primera vivienda en el caso de que el suelo sea rústico se quejan además de que no se siguen las indicaciones de las oficinas del catastro, en donde se especifica que el valor catastral incluye la construcción más el suelo que ocupa, algo que no aplica el ministerio. De hecho, en una de las quejas presentadas ante el Defensor se recoge que «se está realizando por parte del MEC un evidente agravio comparativo entre el alumnado que vive en las zonas urbanas y rurales en detrimento del derecho de igualdad de oportunidades en el acceso a las becas», algo que perjudica más en la comunidad gallega.