La emigración vuelve a la carga para exigir poder votar sin limitaciones

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

Antes de la reforma electoral que impuso el voto rogado participaba uno de cada tres gallegos en el exterior y ahora solo lo hace uno de cada cien

03 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Nunca ha habido tantos gallegos viviendo en el extranjero y sin embargo nunca ha habido una participación electoral tan ínfima de la emigración. Antes de que se reformase la Ley electoral en diciembre del 2010 participaba en las elecciones uno de cada tres integrantes de la diáspora gallega. La última vez que la emigración pudo votar, en las europeas del 2014, tan solo uno de cada cien emigrantes gallegos quiso participar, un 1,36 % exactamente. De los más de 400.000 gallegos que viven fuera solo votaron en esa cita europea 5.823, como 13.000 lo habían hecho en las autonómicas del 2012 ó 16.000 en las últimas generales.

En esos últimos comicios, en los que resultó elegido Rajoy, solo votó el 4,2 % de los emigrantes de Galicia, mientras que cuatro años antes, cuando Zapatero consiguió abrir su segundo mandato, lo hicieron el 36,3 %. La diferencia de 32 puntos entre ambas citas separadas tan solo por cuatro años hunde sus explicaciones en las restricciones y complicaciones burocráticas introducidas en el voto emigrante.

Contra el voto rogado

La eliminación del voto rogado que establece la obligatoriedad de solicitar poder votar en cada cita electoral es una exigencia de la diáspora, que ahora reactivan sus representantes ante la inminencia de los comicios generales. La representación de la diáspora ante la emigración volverá a exigirlo oficialmente en su reunión de septiembre.

Mientras, el Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires, el que representa al mayor número de emigrantes de Galicia y también del resto de España, ha emitido un alegato junto al resto de asociaciones de españoles en Argentina con el que reclaman al Gobierno central, a los autonómicos y a todos los partidos políticos, en el que transmiten su «clamor unánime de este importante colectivo de la sociedad española que considera debe recibir un trato más justo y equitativo por parte de los legisladores, que fueron electos también con nuestro voto para defender y efectivizar nuestros derechos».

El consejo que preside María Teresa Michelón esgrime el derecho a la igualdad que establece la Constitución frente «al menoscabo sufrido en nuestros derechos fundamentales» a la hora de poder votar con la misma facilidad que los residentes en España. Michelón asegura que la emigración sigue manteniendo viva su vinculación con España, lo que consideran pone en entredicho las dificultades que aseguran encontrar para poder votar.

«Más agresivos»

El presidente de la Comisión de Derechos Civiles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Ángel Cape, advierte de que la emigración tiene intención de ser a partir de ahora «más agresiva» en la defensa de su derecho al voto. Desde la librería que regenta en Nueva York, mantiene que exigir requisitos distintos a los emigrantes para votar «es inconstitucional», al margen de que la reforma electoral «se hizo de espaldas a los órganos de representación de la ciudadanía en el exterior».

PP y PSOE reconocen que hay que buscar cómo aumentar la participación

En menos de un mes el debate sobre la eliminación del voto rogado acaba de estar presente en el Congreso de los Diputados en dos ocasiones. Tanto Gobierno como oposición han mostrado su convencimiento de que algo hay que hacer para que los españoles que viven en el extranjero vuelvan a participar en las elecciones, pero hasta ahí ha llegado el acuerdo. El debate está ahora en cómo hacerlo.

Mientras el PSOE reconoce su error al haber impulsado en su momento la extensión del voto rogado, el PP rechaza llevar a cabo una nueva reforma expres de la actual ley electoral y conmina a la oposición a que le haga una propuesta, que por tanto ya sería imposible de aprobar antes de las próximas generales.

Los populares se inclinan más por mejorar en principio las condiciones del voto presencial en los consulados distribuidos por los países donde hay presencia española.