La UDEF señala 14 supuestos recomendados en la concesionaria de limpieza por técnicos, el alcalde, el teniente de alcalde y el portavoz del gobierno
03 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Pontevedra a la hora de atribuir enchufes de amistades y allegados en Cespa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal desde 1999. Una providencia dictada el jueves por la jueza instructora de la operación Patos agrega al sumario un informe de la unidad policial en el que los agentes dan cuenta de la existencia de un documento intervenido en locales de la empresa Cespa que recoge 14 nombres de supuestos enchufados en la concesionaria junto al político o técnico que habría solicitado la contratación.
«Documental intervenida en relación con la empresa Cespa en la que sí que constan anotaciones realizadas por personal de Cespa donde se evidencian contrataciones de personal impuestas o sugeridas por políticos y técnicos municipales», relata la UDEF como explicación al cuadro de personal supuestamente favorecido en Pontevedra. El citado documento está encabezado por un empleado del que se indica que «finalizó contrato el pasado día 13. Pendiente de contratar», y al lado, en la columna de «mentores», aparece escrito: «sr. Alcalde», en referencia a Miguel Anxo Fernández Lores.
El anterior responsable de limpieza y actual portavoz del Gobierno local y edil de Hacienda, Raimundo González, figura en el mismo cuadro como «mentor» de cuatro contrataciones, indicándose en el escrito de la UDEF que una de las supuestas beneficiarias es su prima y otra «hermana secretaria sindical de la CIG». Se indica que tres de los cuatro siguen trabajando, y la cuarta no «por crianza de bebé».
Edil de limpieza
En la misma relación se menciona también a la teniente de alcalde del BNG y edil de Limpieza, Carme da Silva, como supuesta inductora del contrato de una «amiga», que sigue trabajando.
Además de los tres miembros del gobierno local pontevedrés, el cuadro incautado por la UDEF apunta otras contrataciones «impuestas o sugeridas» por un técnico de medio ambiente y un ingeniero de servicios a la vez en favor de su hermano y primo, respectivamente; para un amigo de parte de un ingeniero de servicios técnicos; a un vigilante del mercado de abastos se le atribuye el enchufe también de una amistad; a un policía local se le apunta la intermediación en favor de un hijo; también se cita como contratados al marido de una «secretaria sindicato CIG» y a la esposa de un administrativo de servicios técnicos, así como al hijo de una funcionaria con puesto ilegible en el documento remitido a la jueza. En la misma relación aportada a la jueza figura la contratación de un primo del presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Monumental, Ernesto Filgueira.
Tras reproducir el cuadro, la UDEF indica que «Cespa contrata personal a petición de funcionarios y políticos, quienes en algunos casos constan como mentores de los contratados». Concluyen los agentes diciendo que «en la explotación de Pontevedra, consta contratados un total de 14 personas, estando como mentores el alcalde, técnico de medio ambiente, ingenieros municipales, policía local, etc».
Los agentes vinculan con contratos en Vigo a dos ediles, al chófer del alcalde, a Pais y a sindicalistas
Las investigaciones realizadas por la UDEF sobre el supuesto tráfico de influencias de políticos y técnicos de Vigo en la división olívica de Cespa ya habían apuntado a la existencia de 26 supuestos enchufados. Ahora, la policía judicial relaciona directamente contratados con las personas que habrían abogado por su entrada en la concesionaria de parques y jardines. «Consta un listado muy amplio de trabajadores donde algunos de ellos han sido contratados en Cespa a petición de distintas personas, algunas de ellas políticos del Concello de Vigo», dice la UDEF en su nuevo informe.
Comienza señalando que el eje central de la operación Patos, el empresario Enrique Alonso Pais, tiene a su hijo en Cespa, donde él mismo trabajó. Con la leyenda «viene del concejal de jardines Ángel Rivas» figura una relación de seis personas contratadas. Especifica la UDEF que además hay 26 personas vinculadas al edil que «son, a la luz de las conversaciones telefónicas intervenidas y del período de tiempo en el que Ángel Rivas ejercería como concejal, presuntos candidatos a poder haber sido colocados gracias a las influencias de Ángel Rivas, pero no se tiene la certeza absoluta de que así haya sucedido», advierten.
Además del citado edil, por primera vez se relaciona con la causa y como inductor de una contratación al concejal responsable de Empleo y secretario xeral del PSOE de Pontevedra, Santos Héctor Rodríguez, citado por la UDEF como «directivo de UGT», sindicato del que fue responsable comarcal. El informe destaca a mayores la contratación del «hijo del chófer del alcalde Vigo»; la de una mujer que «estuvo mucho tiempo destinada en la oficina del ingeniero del Concello de Vigo», del que se da su nombre y también dice que empleó a su hijo y a una amistad; la sobrina de una administradora; el marido de otra; «una cuñada de una miembro de la CIG»; una contratada en la oficina técnica municipal, y más personas vinculadas a otros funcionarios. También se indica que está contratado un familiar del secretario general del PSOE vigués y parlamentario, Manel Gallego, así como la esposa del primero.
El fiscal pide la imputación de la presidenta de la asociación cultural Pedra Moura
Junto al exalcalde de Nigrán Alberto Valverde y el secretario del mismo Concello, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo decidió no imputar en la relación de investigados por el caso Patos a la presidenta del colectivo cultural Pedra Moura de la parroquia viguesa de Coruxo, María Teresa Otero. En un recurso formulado esta semana, el fiscal del caso solicita de nuevo que sea imputada la dirigente vecinal vinculada a una subvención de 100.000 euros de la Diputación para la reforma del centro social. La Fiscalía considera que otorga más garantías procesales que la presidenta comparezca como imputada y no como testigo para clarificar su papel en la aportación de tres presupuestos justificativos de la obra para la que era solicitada la subvención.
Además, en la providencia entregada ayer la jueza desestima la personación en la causa del Concello de Ponteareas, al haberse inhibido en esa pieza en favor de los juzgados de esa localidad.
El edil de Facenda de Fernández Lores niega influencia alguna en las contrataciones
El portavoz del gobierno municipal de Pontevedra y concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, negó ayer cualquier influencia en los procesos de contratación de la empresa Cespa, concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. «Non teño nin idea de por que aparece o meu nome na investigación», indicó al ser preguntado por La Voz sobre el cuadro de supuestos enchufes remitidos por la UDEF a la jueza instructora del caso Patos. «As incorporacións ao cadro de persoal da concesionaria seguen un proceso regrado no que intervén o comité, polo que dificilmente pode haber inxerencias políticas», añadió el que fuera en mandatos anteriores responsable municipal del servicio de limpieza y que figura en el documento de la Policía Judicial relacionado con cuatro contrataciones en la concesionaria municipal. González Carballo subrayó que ningún órgano policial o judicial se ha dirigido hasta el momento al Concello de Pontevedra en relación con el contrato por el que la empresa Cespa presta sus servicios desde hace 16 años.