PSdeG, AGE y BNG aplauden una marcha atrás en el proyecto de reforma de la ley electoral que atribuyen a nuevos cálculos del PP pensando en las urnas
09 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Xunta confirmó ayer que no habrá cambio de ley electoral esta legislatura y, por tanto, los gallegos escogerán en las próximas elecciones autonómicas, al igual que en las anteriores, a 75 representantes, no a 61, como en principio pretendía el PPdeG contra el criterio de toda la oposición. «Se ningunha forza política vai apoiar esa proposta e esa baixada do número de deputados, nós non a imos sacar adiante en solitario. [...] Se hai algún grupo que estea disposto a facelo, iriamos adiante con ela», reconoció Alberto Núñez Feijoo. No obstante, insistió en defender el frustrado recorte. «Seguimos pensando -afirmó- que se pode facer o traballo parlamentario con 61 deputados».
A preguntas de la prensa, el mandatario popular atribuyó su marcha atrás en este frente a un intento de explorar pactos en la Cámara con otros partidos. «Convén analizar cales deben ser as prioridades da axenda política e a min me gustaría buscar algún acordo no que resta de lexislatura coa fragmentada oposición», arguyó. Y esos hipotéticos entendimientos, a su juicio, serían imposibles si él impusiera la disminución de escaños anunciada en julio del 2012. Ese proyecto, admitió, suscitó en la izquierda una «potente contestación, superior realmente á prevista», e incluso «crispou dunha forma intensa» el ambiente en el hemiciclo «durante algunha tempada».
La rectificación de última hora en una ley que ya había sido discutida en comisión parlamentaria, y que solo estaba pendiente por tanto del trámite de su votación en pleno, ha sido recibida por los grupos de la oposición con las mismas críticas de electoralismo hacia el PP con las que en su día reprobaron su pretensión de recortar 14 escaños. «Feijoo acerta cando rectifica», ironizó el portavoz del Grupo Socialista. José Luis Méndez Romeu comparte con AGE y BNG la tesis de que el PPdeG «só buscaba mellorar a súa posición electoral» cuando promovió una reforma que ahora «non lle interesa, probablemente, porque cambiaron as súas circunstancias electorais». Con todo, Méndez Romeu considera «benvida» la decisión de Feijoo, porque «a reforma non beneficiaba nin o pluralismo nin a economía parlamentaria».
En términos similares se pronuncia el viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, que objeta que la reforma pretendida por el PP «foi unha manobra populista e electoralista. En vez de profundizar na democracia, buscaba réditos electorais», critica Sánchez, que también sugiere que detrás del volantazo hay un nuevo cálculo de los populares pensando en las urnas. «O PP busca os seus intereses conxunturais, e cando xa non lles interesa cambia», señala. El diputado subraya la disposición de AGE «a falar de todo» para «facer reformas que profundicen na participación da xente».
Por su parte, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, estima que el PP no tenía otra salida. «Sería inaudito que un partido pretenda mudar as regras de xogo de forma unilateral en función dos seus intereses». Jorquera, que atribuye la renuncia a la presión de la oposición, abunda en la idea de que «co argumento do aforro, o que pretendía o PP era aumentar aínda máis a distorsión entre votos e número de deputados no Parlamento».
La aplicación de la frustrada reforma hubiese restado de 3 a 4 escaños en cada provincia
En su última concepción, la reforma electoral que los populares habían anunciado y ahora no llevarán a cabo hubiese supuesto rebajar a 61 los 75 escaños que componen el Parlamento. En las próximas elecciones autonómicas, los coruñeses habrían escogido a 20 representantes, no a 24; los pontevedreses, a 18, no a 22; los lucenses, a 12, no a 15; y los ourensanos, a 11, no a 14. Con esa redistribución de actas vigente, el sentido del resultado de los últimos seis comicios en la comunidad no hubiese variado un ápice. En el 2012, por ejemplo, el PP habría retenido la mayoría absoluta, pero con 32 actas, frente a las 41 actuales. El PSOE pasaría de 18 a 14 y el BNG de 7 a 6, mientras que a AGE no le afectaría.
Según los promotores de la frustrada iniciativa, su aplicación hubiera ahorrado al erario cada año 1,2 millones de euros, entre sueldos de diputados, complementos varios, subvenciones y costes salariales de asesores asociados al cargo.