Ya son 97 los ayuntamientos que rebasan el plazo legal de abono a proveedores. A Coruña, Santiago y Ourense suman el 30 % de la deuda
25 nov 2015 . Actualizado a las 08:42 h.La administraciones públicas han aprendido a disciplinar sus cuentas en tiempo de crisis. La tradicional inhibición tributaria de muchos concellos ha dado paso a un férreo control recaudatorio para compensar la fuerte caída de ingresos y transferencias. Pero, en paralelo, la diligencia en los pagos a las empresas con las que contratan se ha convertido ahora en un indicador de solvencia. Los últimos datos computados por el Ministerio de Hacienda, que corresponden a septiembre pasado, reflejan que los concellos y las diputaciones provinciales destinaron 222,3 millones ese mes a liquidar facturas a sus proveedores, pero dejaron pendientes otras por 196 millones.
Aunque las ciudades concentran los mayores desembolsos, las cifras de Hacienda destapan diferencias significativas en la gestión de sus facturas. Las que arrastran una deuda mayor por ese concepto son A Coruña (32,12 millones), Santiago (11,28) y Ourense (9,64). Entre las tres suman el 30 % de los 181 millones en pagos pendientes de todos los concellos. Y las tres superan, además, el plazo máximo de 30 días que establece la ley de morosidad para cumplir con los proveedores. Mientras, la urbe gallega más poblada es la segunda con menor deuda por facturas pendientes y la que paga con más rapidez. Vigo adeudaba en septiembre 3,96 millones a las empresas con las que contrata, después de abonar ese mes 9,8 millones. Solo Pontevedra debe menos: 798.304 euros. Ourense, cuyo censo no llega a la mitad del de Vigo, debe 9,64 millones a sus proveedores; y Lugo, que no alcanza ni la tercera parte de la población viguesa, 5,78.
Las siete ciudades pagaron en septiembre facturas por 41,27 millones, y dejaron pendientes otras por 67,82. Por provincias, los ayuntamientos de A Coruña adeudan 102,87 millones a sus suministradores, tras abonar en septiembre 98,61; los de Pontevedra, 36,59 (después de pagar 59,61); los de Ourense, 21,84 (tras liquidar ese mes 20,58); y los de Lugo, 19,85 millones (después de ingresar a las empresas 28,3).
Mayor incumplimiento de la ley
Las diputaciones pagaron 15,17 millones y dejaron pendientes facturas por 14,87. La de A Coruña debe 6 millones; la de Lugo, 4,4; la de Ourense, 3,92; y la de Pontevedra, 534.442 euros. La de Lugo supera el tope legal de 30 días en sus pagos, que exceden 97 concellos. Son 33 más que los 64 que lo rebasaban en junio.
El presidente de la Fegamp ve peligrar servicios sociales si Madrid no deroga la reforma local
El municipalismo gallego se significó en el combate contra la reforma local. El rechazo de la norma que pretendía adelgazar los concellos para engordar las diputaciones contó con el apoyo unánime de los grupos políticos dentro de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), en la etapa en la que el actual conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, ocupaba su presidencia. Ahora, su sucesor, el socialista Alfredo García, vuelve a la carga en un frente que ha reabierto Abel Caballero, como presidente de la federación española (FEMP). García reclamó ayer al Gobierno la derogación de la norma, y alertó de que su continuidad pone en peligro que los concellos puedan seguir prestando servicios sociales en enero.
El riesgo está en que la reforma local prevé que esos servicios que prestan los concellos pasen a las comunidades en el 2016. «Teríamos que estar a expensas da interpretación que realizasen os secretarios e interventores municipais, e vernos abocados a saltar por enriba da lei ou a suspender os servizos, algo que ningún concello quere facer», precisó el también alcalde de O Barco, que urge al Ejecutivo una «clarificación inmediata». Para que los concellos preserven esos servicios, en los que invierten más de 200 millones al año, la Xunta impulsó una ley de medidas urgentes, camino que después siguieron el resto de comunidades.
«Non creo que sexa un desfase grande»
El alcalde de A Fonsagrada, Argelio Fernández, aseguró ayer -acudió por la mañana al pleno de la Diputación, en donde forma parte del grupo socialista- que desconocía informes sobre retrasos del Concello en pagos. Sin embargo, subrayó que tampoco había recibido quejas de empresas. «Non creo que o desfase sexa moi grande», aseguró este regidor de la montaña oriental lucense. Por otro lado, recalcó que tan importante como la agilidad al librar fondos era el respeto a la «máis estrita legalidade» -que el Concello, dijo, pretende cumplir en todo momento- y que también había que contar con retrasos que a veces acumulan otras administraciones en la aportación de fondos a los ayuntamientos.
Problemas por el retraso del Estado
La alcaldesa, Teresa Barge, espera que el nuevo escenario que se plantea en su concello sirva para rebajar de forma considerable la media de días que se tarda en pagar - es el concello que tarda más en pagar en Galicia: 486 días de media- «A partir de xaneiro imos contar co servizo de factura electrónica e iso vainos axudar a facer máis áxiles os pagos». Achaca la situación que se vive en A Bola al retraso que acumula el Estado en abonar las subvenciones. El Concello cuenta con una escuela taller «e proxectos como ese, que son do mellor que pode ter un concello pequeno como o noso, fan que teñas que adiantar o diñeiro para poder funcionar. E mentres non che chega o diñeiro que tes concedido non das feito fronte aos pagos».
La culpa es de los «gastos impropios»
En Vilanova no es ninguna novedad estar a la cabeza en el ránking de concellos que más tardan en pagar las facturas a sus proveedores: 169 días. Llevan tiempo en esta dinámica y no parece que esta vaya a cambiar mientras la Xunta no rectifique su política. El alcalde Gonzalo Durán (PP) dice que «si se cumpliera la ley», esto es, si la Administración Autonómica asumiera la financiación del mantenimiento de los colegios, de la guardería, los gastos corrientes del centro de salud y las ayudas de los servicios sociales, otro gallo cantaría. «Todo esto suma 600.000 euros al año, que podríamos emplear en pagar las facturas. Lo que no vamos a hacer es subir los impuestos, no debemos penalizar al vecino porque otros no cumplan la ley».
«Eses datos son totalmente irreais»
El Concello de Fisterra es de los que peor parados salen de la provincia de A Coruña, con una media de 233 días, que el alcalde, el socialista José Marcote, considera «totalmente irreais». «Non sei que datos tiveron en conta. Cando chegamos ao goberno había algo de retraso pero tampouco moito, nada parecido a iso». Asegura que «non podería facer unha media exacta de que a cantos días estamos pagando pero non máis alá de dous meses, salvo algún caso moi raro», incide el regidor, que detalla cuales son los pagos que más se atrasan. «Ao mellor na ferraxaría, na farmacia ou no supermercado non lle pagamos ao mes porque imos collendo cousas pequenas e esperamos a xuntar varias para que nos fagan unha factura», concluye.