El sábado entre en vigor la nueva ley de enjuiciamiento criminal
02 dic 2015 . Actualizado a las 09:33 h.El próximo sábado se pondrá el contador a cero para más de 35.000 procedimientos penales que están pendientes de tramitación en los juzgados gallegos. Ese día entra en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que transforma sustancialmente varios aspectos de la legislación actual referida a los procedimientos de tipo penal. La principal modificación se refiere a la duración de las instrucciones judiciales que, a partir de la entrada en vigor de la ley, tendrán unos plazos determinados. Se trata, dice la ley, de que exista «un límite temporal infranqueable» en el que el sumario o las diligencias previas hayan de concluir con la apertura de juicio oral o con el sobreseimiento de las actuaciones.
A partir del sábado, las instrucciones se dividirán en sencillas y complejas, como la Pokémon. Como plazo genérico para una instrucción se fijan seis meses como máximo, pero si la causa es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el juez instructor podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior «a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes».
La nueva ley concede a los fiscales el papel protagonista en la fijación de esos plazos para las instrucciones. Prevé la posibilidad de la prórroga «a instancia del ministerio fiscal, como garante de la legalidad». Y la repercusión inmediata es que los representantes del ministerio público van a tener que revisar en los próximos seis meses los más de 35.000 asuntos que se encuentran en proceso de tramitación en Galicia. «Revisar esos casos y todos los que vayan entrando», explica Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente de Galicia y presidente de la Unión Progresista de Fiscales. «El 5 de diciembre ponemos el contador a cero para todas las instrucciones en marcha. Nos vemos obligados a revisarlas todas y empezar a gestionar cada una que entra para ver si es compleja y pedir prorroga o no», señala Ortiz, quien se muestra crítico con el diseño que ha dado el legislador a la nueva ley, pese a que está de acuerdo con que hay que establecer un plazo máximo, «pero no se ha hecho bien».
«Estamos cambiando el sistema, pero no le damos al fiscal la instrucción, sino solo el control del tiempo. Por otro lado el juez es responsable de su instrucción, pero no le dejas decidir cuánto tiempo necesita», dice Ortiz. Explica que en determinadas causas complejas habrá «peligro para la instrucción» porque «si cierras a priori los casos no sabes lo que te puedes encontrar, es de cajón. Por eso hablamos de ley de punto final. A ciegas no se puede saber lo que va a durar una causa»».
Antonio Roma, fiscal de Urbanismo en Galicia y miembro de la Asociación de Fiscales, cree que la ley debía haber ido más allá y dar al fiscal la labor de instrucción y habría un control judicial: «Aquí sucede lo contrario, ya que el fiscal es el controlador de la actuación judicial, pero es el juez el que tiene la decisión sobre las diligencias de la instrucción». En todo caso, recuerda que la ley concede un poder más especial al fiscal en materia de los plazos procesales.
Respecto a la revisión de los 35.000 asuntos pendientes en Galicia, Roma cree que los fiscales serán capaces de realizar ese trabajo. «No queda otro remedio», dice, al tiempo que recuerda que van a seguir entrando casos nuevos que también tienen que ser revisados y analizados.
Los imputados en los procedimientos penales pasarán a llamarse investigados
Otra de las novedades que traerá la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere al nombre que van a recibir las personas encausadas en un procedimiento penal. A partir del sábado la nueva legislación elimina el término de imputado y lo sustituye por el de investigado. De esa forma, esa será la denominación que recibirán quienes se vean implicados en un proceso penal como presuntos autores de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal. Esa medida afecta también a las personas que ya están siendo investigadas como imputadas.
El fiscal Antonio Roma considera que con la nueva ley cambian los roles entre los fiscales y los jueces. «El esquema tradicional es que el juez instruye y el fiscal recibe la instrucción judicial terminada», explica. Pero eso cambiará desde el día 5.
Roma explica que el problema es que en la actualidad el sistema de trabajo está adaptado con un número de fiscales y jueces a un sistema de trabajo, y a partir de la entrada en vigor de la reforma de la ley se produce un cambio de roles. Y empieza ya. «El fiscal va a tener que limpiar, entre comillas, esas 35.000 causas pendientes en Galicia». Recuerda que la labor del fiscal será compleja: «El fiscal no tiene el dominio de la instrucción porque el juez es el que acuerda las diligencias, pero sin embargo es el único que puede pedir la prórroga. Pero quien tiene la decisión de practicar nuevas diligencias es el juez y no el fiscal, que es el que pide la prorroga», concluye Roma.