Entre los señalados hay altos cargos de la Xunta y de la Administración central
16 ene 2016 . Actualizado a las 11:43 h.La causa por la operación Zeta, en la que se investiga una supuesta trama de cursos fantasmas financiados con fondos públicos, continúa creciendo. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña notificó ayer que cita como investigadas a otras 25 personas, entre los que estarían Juan José Barrera, por sus decisiones cuando era secretario de Estado de Empleo; Pastor Fuenteseca Díaz, como director xeral de Formación e Colocación; y Ana María Díaz López, como directora xeral de Formación e Colocación, a los que vincula con un presunto delito de prevaricación no solo porque validasen expedientes que no cumplían los requisitos, sino porque considera que «hay indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva, Eliseo Calviño y Gerardo Crespo, como revelan diversas conversaciones telefónicas y correos electrónicos intervenidos».
Entre los nuevos investigados también está el que ya se había señalado con anterioridad como el «conseguidor», Francisco Ramón de Lucas Blanco, Pachi Lucas. En su caso, la jueza lo vincula con un presunto delito de tráfico de influencias, ya que resalta que remitió a Crespo un número de cuenta para que se le ingrese dinero, como así hizo desde distintas empresas de su grupo, pese a que «no hay rastro de que mediaran relaciones comerciales entre el citado o sus empresas y el grupo empresarial de Gerardo Crespo». Asimismo, señala que hay correos en los que se alude a «adjudicaciones y cobros pendientes 'por si está en tu mano hacer algo'» e incluso hay un mensaje telefónico en el que De Lucas informa a Crespo «de una cita concertada para él en el despacho de Ana Pastor».
En el auto se destaca que las conclusiones del informe realizado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria «no pueden ser más demoledoras» y en ellas se recoge que «no hay registro ni documento alguno que acredite la actividad propia de Caype definida en sus estatutos, que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general, los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y los que se contabilizan como donaciones no se aplican a fin social alguno».
El auto, de 33 páginas y en el que se hace un exhaustivo relato de las irregularidades detectadas en cada uno de los expedientes de actividades abonadas por Administraciones del Estado, Xunta y otros tres Gobiernos autonómicos, se asegura que queda confirmada la nula representatividad de Caype (presidida por Eliseo Calviño) y su simulación de implantación en todas las comunidades; la unidad de acción y subcontratación sistemática de esa entidad con las empresas de Crespo; que se disfraza de contratación de personal docente lo que realmente es subcontratación con la esposa de Calviño, y la existencia de un abuso de facturación falsa y de pactos de devolución entre Caype y las firmas de Crespo que supuestamente dan los cursos.
Responsables públicos tendrán que testificar por el destino de cuatro millones de euros
La jueza indica que «Caype se constituye como un mero artificio cuya finalidad última es la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y la relativa a la justificación del gasto». Asimismo, resalta que el «engaño» permitió que se hiciesen con más de 4 millones de fondos públicos, la mayor parte del Estado. Es por ello por lo que también en el auto se señalan como testigos para declarar a otras 23 personas, muchas de ellas altos cargos de las distintas Administraciones que dieron los fondos, entre las que se encuentra Beatriz Mato, debido a los cursos que obtuvo la trama durante su etapa como conselleira de Traballo.
La jueza avanza que ninguno de los 25 nuevos investigados -que se suman a los 78 personas físicas y jurídicas que también lo están por esta causa- o los testigos serán llamados a declarar hasta que haya sido escaneada la totalidad de la documentación, para garantizar su defensa.