La Xunta acompaña de sanciones más duras la obligación de rematar las casas
GALICIA
La nueva Lei do Solo prevé multas coercitivas que pueden sumar 25.000 euros en 15 meses
11 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La ya superada Lei do Solo del 2002 ha dejado a lo largo de sus más de 13 años de vigencia múltiples pruebas de un fiasco anunciado. La ambición de su apuesta por un urbanismo riguroso que frenara décadas de anarquía constructiva acabó sacando los colores a unas administraciones carentes de los medios y la voluntad para llevarla a la práctica.
La ausencia de recursos técnicos quedó de manifiesto en el magro balance de concellos que adaptaron sus planeamientos a la norma 9/2002. Menos de un centenar completaron una adecuación que la ley obligaba a todos a solventar antes del 2006. Y la desidia política se puso en evidencia, entre otros ámbitos, en el incumplimiento de la regulación del remate de viviendas con ladrillo visto. El Gobierno bipartito instó a los concellos a ejercer su competencia e instar a los propietarios a realizar las obras necesarias. Pero los alcaldes rechazaron intervenir. Ahora, el Ejecutivo de Feijoo ha aprovechado el nuevo marco legal para volver a la carga y tratar de corregir una de las huellas inequívocas del feísmo. Con una legislación más explícita, pero también con sanciones más contundentes para forzar su cumplimiento.
En este aspecto, la norma que el PP aprobó el martes en el Parlamento incorpora dos novedades respecto a la anterior. Por una parte, convierte en imposición lo que hasta ahora era una potestad del concello para intervenir. El objetivo es obligar a los alcaldes a requerir de los propietarios con viviendas sin rematar que realicen los trabajos exteriores pendientes. Este ajuste normativo parte de la constatación de la negativa de los regidores a enfrentarse a sus vecinos por ese motivo. Y el otro cambio apunta directamente a los bolsillos de los propietarios, según la Xunta, sin afán recaudatorio. La novedad no está en las multas coercitivas, sino en el incremento de sus cuantías. A pesar de que no se tramitó ninguna durante la vigencia de la norma anterior, la nueva eleva el importe mínimo y concreta la posibilidad de cursar nuevas sanciones cada trimestre si el propietario incumple la orden para ejecutar las obras pertinentes. Y en todo esto corresponderá actuar al ayuntamiento, que es la administración competente en primera instancia.
Así, si el dueño de la vivienda incumple la orden de ejecución en lo relativo al remate exterior, el concello procederá a la ejecución forzosa con la imposición de multas coercitivas cuyo importe podrá llegar a 10.000 euros desde un mínimo de 1.000, frente a los 600 de la ley del 2002. Si el propietario persiste en su negativa, el concello podrá reiterar cada trimestre unas sanciones que podrían sumar 25.000 euros en 15 meses: 1.000 de la primera, 2.000 de la segunda, 4.000 de la tercera, 8.000 de la cuarta y 10.000 de la quinta. La cuantía total no podrá superar individualmente o en su conjunto el 75 % del coste de las obras de reposición de la edificación o de una nueva construcción de características similares. Además, incumplir el deber de rematar las edificaciones es una infracción leve que puede conllevar una multa de 300 a 6.000 euros. Estos importes se mantienen igual.
Con todo, la ley deja al concello la alternativa de asumir las obras y pasar la factura al propietario.
Los alcaldes alegaron razones «de conciencia» para no ejercer sus competencias
El nuevo intento de la Xunta por acabar con las fachadas de ladrillo visto tiene como precedente el que realizó el bipartito hace casi 10 años. En marzo del 2006, Urbanismo remitió una circular a todos los ayuntamientos en la que los instaba a ejercer sus competencias y ordenar el remate de las viviendas. Les recordaba que, en caso de negativa del dueño, podían proceder a la ejecución forzosa con multas que podían llegar a los 6.000 euros.
Faltaba un año para las municipales del 2007. Los regidores miraron a otro lado y acusaron a la Xunta de exceso de celo al aplicar la ley. Cuatro años más tarde, esgrimieron razones «de conciencia» para no cumplir la norma en ese punto. Unos meses antes de las locales del 2015, este periódico constató a través de una amplia consulta el rechazo generalizado de los regidores a que se les encomiende esa responsabilidad. Incluso entre los del PP.