Una ley exprés blindará tres años las líneas de bus anuladas por el Supremo
GALICIA
Galicia deberá contar en 21 meses con un nuevo mapa para el transporte interurbano
25 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta cree haber dado ya con una solución a la situación de total incertidumbre jurídica generada por la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 14 de marzo anuló las prórrogas de explotación de 131 de las 145 líneas de transporte interurbano existentes en Galicia, las cuales utilizan diariamente decenas de miles de personas. A través del grupo del Partido Popular y recurriendo a la fórmula de tramitación más rápida posible, acaba de presentar en el Parlamento una proposición de ley «de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte público». En la práctica, una vez aprobado, ese texto blindará durante otros tres años los servicios tumbados por la Justicia y permitirá continuar modernizando su flota, al tiempo que pondrá deberes al Gobierno autónomo: tendrá un tope de 21 meses para diseñar un nuevo mapa de recorridos en la comunidad.
De solo tres artículos, cuatro disposiciones y un anexo, la ley se agarra a un reglamento comunitario del 2007 para poder sostener «durante un período transitorio», hasta el 2 de diciembre del 2019, las rutas declaradas caducadas por el citado fallo del Supremo. «Continuarán a ser explotadas polos seus prestatarios habituais» mientras la Xunta redacta, antes del verano del 2018, un plan integral de transporte público. En ese documento reordenará por completo toda la oferta del actual sistema de conexiones, «basicamente construída ao longo da primeira metade do século pasado», y luego sacará a concurso abierto a las empresas privadas la puesta en marcha y mantenimiento de las líneas trazadas.
Entretanto, en virtud de otra de las cláusulas del futuro texto legal, las actuales concesionarias tendrán que proseguir con la introducción paulatina de mejoras a la que se habían comprometido en el 2010. Es decir, continuará la integración progresiva de servicios en el transporte metropolitano y en el método de tarificación zonal, además de salir adelante la implantación del SAE, una herramienta que, entre otras cosas, permite tener controlados a los autocares en tiempo real. Asimismo, forzosamente, todos los vehículos que las compañías vayan incorporando a sus flotas «serán accesibles para persoas con mobilidade reducida».
La ley permitirá en el próximo trienio modificar los recorridos de los buses en función de la demanda, algo que la sentencia del Supremo hubiese impedido sin esta iniciativa parlamentaria. También dará luz verde a los servicios de duración temporalmente limitada, como los viajes a ferias, mercados, playas y similares.
El futuro sistema constará de unas rutas de prestación continua y otras bajo demanda
El futuro plan de transporte público de Galicia, para cuya redacción la proposición de ley urgente del PPdeG concede 21 meses de plazo máximo, reordenará a fondo las rutas actuales, adaptándolas a la «evolución social e territorial da poboación». Concebido también como complemento de las conexiones aéreas y ferroviarias, ese nuevo mapa de las líneas interurbanas deberá contener dos tipos de ellas: por un lado, las de prestación continua, para zonas «onde existe unha demanda regular que garante a eficiencia na prestación do servizo e a sustentabilidade económica»; y, por el otro, las «previamente establecidas». Estas últimas permitirán extender la cobertura del sistema a lugares ahora sin paradas y funcionarán solamente en días y horas en los que haya usuarios. Estos últimos, con una herramienta de reserva todavía no definida, podrán concertar con las empresas de transporte el paso de vehículos para atender necesidades puntuales.
Los criterios de calidad pesarán al menos un 65 % en la adjudicación
La proposición de ley presentada por el PPdeG a raíz de la sentencia del Supremo incluye un anexo que esboza cómo deberá ser el futuro plan de transporte público de Galicia. El texto determina que, dibujado el mapa de las conexiones interurbanas de autobús, la Xunta tendrá que sacar a concurso público su explotación. Y establece que en la adjudicación de los contratos, «como mínimo», el 65 % de la puntuación a cada oferta en competencia guardará relación con criterios de «calidade do servizo», no económicos.