El caso Alvia sigue vivo en el juzgado, en el ámbito político y en Bruselas
GALICIA
La Fiscalía ya ha solicitado que la causa se declare compleja para poder contar con el plazo de 18 meses
31 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A solo dos meses del tercer aniversario del accidente del Alvia, el paso del tiempo no ha conseguido poner sordina a las demandas de las víctimas y el caso sigue vivo en los tres frentes básicos en los que deben dirimirse distintos aspectos del siniestro. El más importante, el judicial, se mantendrá abierto gracias al auto de la Audiencia Provincial de A Coruña con el que se ordena seguir investigando si el ADIF hizo una evaluación de riesgos de la curva de Angrois. En el ámbito político, la demanda de una comisión de investigación se retomará después de las elecciones del 26J. Y en Europa, la Plataforma de víctimas sigue ejerciendo presión para que la Comisión Europea haga público su informe sobre el accidente. Hoy presentarán más de 265.000 firmas en la sede madrileña del Ejecutivo comunitario.
Frente judicial
La investigación sobre la evaluación de riesgos que el juez rechazó. El juez Andrés Lago Louro deberá ejecutar en los próximos días las diligencias ordenadas por la Audiencia, que tendrán que ver, básicamente, con solicitar al ADIF la documentación ausente en el sumario sobre la evaluación de riesgos y recabar de nuevo opiniones técnicas de los peritos sobre este asunto, entre otras. Los expertos contratados por QBE, la aseguradora de Renfe, serán cruciales en esta nueva etapa.
¿Qué pensaba el juez instructor sobre la vertiente que ahora le ordenan investigar? En el auto con el que cerraba la instrucción razonaba así sobre la evaluación de peligros potenciales en el marco de la prevención de riesgos laborales. «Decir que no se hizo un plan de prevención del riesgo derivado del exceso de velocidad cuando precisamente estamos hablando de una línea de alta velocidad parece ciertamente aventurado. Si algún riesgo existe en una línea de tales características es precisamente el del exceso de velocidad con el consiguiente descarrilamiento». Precisamente por ello, recordaba el juez, el tren estaba equipado con el sistema ASFA, que mantenía la velocidad «dentro de los márgenes legalmente tolerables».
Es obvio que en este punto el juez y los magistrados tienen una opinión muy diferente, pues la Audiencia cree que la ausencia de una evaluación de riesgos «puede adquirir una relevancia causal respecto del accidente al haber indicios de que existía efectivamente un riesgo excesivo en la curva, valorado con arreglo a pautas técnicas, y que en virtud de estas debería haber sido paliado hasta límites aceptables».
Como la Audiencia, Lago Louro considera que la ausencia de ERTMS en la curva donde se produjo el accidente que causó 80 muertos y 144 heridos carece de relevancia penal, al entender que no existe una norma que obligue a su implantación.
Según ha podido saber La Voz, la Fiscalía ya ha solicitado al juez que la causa sea declarada compleja, al prever que serán necesarias múltiples diligencias que excederían el plazo genérico de seis meses que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aplica a las causas rutinarias. Si el juez asume esta tesis, el caso Alvia tendrá un plazo de 18 meses -que puede ser ampliado- para cumplir con el mandato de la Audiencia.
Frente político
La petición de la comisión de investigación se retomará en la próxima legislatura. Tras conocer el auto de la Audiencia, la Plataforma de víctimas celebró la posibilidad de que se sustancien responsabilidades penales por la gestión de los riesgos en Angrois. Pero, al mismo tiempo, recordaron que las responsabilidades políticas todavía no han sido depuradas. Distintas formaciones políticas se han comprometido de nuevo a llevar al Congreso la petición de una comisión de investigación. El anterior debate parlamentario sobre este asunto, a pesar de que la legislatura estaba acabada, sirvió para recordar al país que el drama del accidente seguía aún sin respuesta judicial y política. En cualquier caso, también es más que factible que tanto el PP como el PSOE mantengan su estrategia de bloqueo a la comisión que solicitan las víctimas.
Frente europeo
El portavoz de la Comisión reitera que por el momento no harán público su informe sobre el accidente. Mientras las víctimas preparan para hoy la entrega de más de 265.000 firmas para que la Comisión Europea haga público el informe sobre el accidente elaborado por la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, el Ejecutivo comunitario reiteró ayer que por el momento divulgarán este dosier. «El objetivo de este procedimiento es garantizar que España cumple totalmente con los criterios de la UE sobre seguridad ferroviaria. Esto se vería perjudicado por la publicación del informe técnico», defendió el portavoz del Ejecutivo comunitario, Jakub Adamowicz, según informa Europa Press.
El portavoz concretó que se trata de un «consejo técnico» sobre la organización de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). «Este consejo técnico de ninguna manera culpa o responsabiliza sobre el trágico accidente de tren en Santiago», aclaró. El documento, según la Comisión, es una aportación más para el procedimiento de infracción iniciado contra España antes del accidente, precisamente por la falta de independencia de la CIAF.