¿Afectará el «brexit» a las indemnizaciones del «Prestige»?

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

PACO RODRÍGUEZ

Las partes discuten el marco legal aplicable y alertan de que el Reino Unido puede eludir las fórmulas de colaboración

30 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia Provincial de A Coruña se prepara para ejecutar la sentencia del Prestige y diseña la estrategia, mano a mano con la Fiscalía, para ir con el fallo del Tribunal Supremo a la jurisdicción británica en busca de los 1.000 millones de dólares de la póliza suscrita por el armador con el London P&I Club, aseguradora declarada responsable civil directo de los daños. Estos mandatos judiciales suelen ejecutarse a través del convenio de colaboración judicial entre países comunitarios y la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede complicarlos.

Una de las acusaciones populares en el procedimiento, el colectivo ecologista Arco Iris -la otra acusación de este tipo es la ejercida por Nunca Máis-, ha puesto este problema sobre la mesa, cuando se termina el plazo para que las partes formalicen sus reclamaciones de cara a la ejecución de la sentencia y el reparto de las indemnizaciones, un proceso que compete al tribunal juzgador: la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Los abogados de Arco Iris creen que la legalidad europea, que era vinculante en la pieza ejecutoria del fallo del Supremo, «se ha convertido en papel mojado» tras el resultado del referendo sobre la adhesión del Reino Unido a la UE.

Los ecologistas inciden en que la salida británica «cambia el escenario legal», de tal forma que para lograr el dinero de la aseguradora solo es aplicable, aducen, el ordenamiento jurídico español y la jurisprudencia internacional en materia de medio ambiente.

Instrumentos de colaboración

Este es uno de los aspectos en los que el brexit podría influir en la ejecución de la sentencia. Pero el escenario puede ser más complejo, con pocas alternativas para el optimismo. Hay otras partes en el procedimiento que creen que los instrumentos de colaboración entre sistemas judiciales nacionales, habilitados en su momento en instancias comunitarias, pueden quedar vacíos de contenido. Esto es, la Justicia británica haría valer el blindaje legal de la aseguradora en los tribunales londinenses sin apenas posibilidad de discusión, pues no estaría obligada a cumplir con los mandatos de la Comisión Europea.

Una sentencia de un tribunal británico dictada en el 2013 obliga a España y Francia a que cualquier reclamación debe someterse a las cláusulas de la póliza suscrita con el armador del Prestige, por lo que esta reclamación deberá someterse al criterio de un tribunal de arbitraje británico. Otra condición es que la aseguradora solo estaría obligada a pagar al propietario del petrolero, nunca a un tercero, y solo en el caso de que el armador abonara antes las compensaciones. En definitiva, un círculo vicioso legal que siempre beneficiaría a la aseguradora. En el otro lado, el tribunal, la Fiscalía y la Abogacía del Estado asumen que la Justicia británica debería ejecutar una resolución del más alto tribunal de un Estado soberano.

El fiscal del caso, Álvaro García Ortiz, considera que los instrumentos de colaboración judicial europeos no tienen por qué verse afectados por la salida británica de la UE. «Suelen funcionar como un convenio internacional, y por tanto mantendrían su validez legal», alegan. «Lo más complejo en este caso es la estrategia legal de la propia aseguradora, que actuó preventivamente para que no se pueda acceder a los 1.000 millones de dólares de la póliza», añade García Ortiz, que se reserva de momento la estrategia a emplear en la jurisdicción británica. No quieren dar pistas a los prestigiosos abogados del London P&I Club.

Otras partes del proceso creen que peligra el cumplimiento de l reglamento comunitario para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales de los Estados miembros, aunque también consideran que Bruselas y Londres deberán negociar un estatus de transición o firmar incluso nuevos convenios ante el proceso de desconexión del Reino Unido. Mientras, los funcionarios de la Audiencia han comenzado el proceloso trabajo para encauzar un sistema de reparto antes incluso de conseguir el dinero.