La Xunta podrá actuar ante las carencias de la AP-9, pero no bajar peajes sin compensar a Audasa

Desde que el 17 de agosto de 1973 Francisco Franco y su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, firmaron el decreto por el que se adjudicó la concesión de la autopista del Atlántico, la vinculación legal entre las empresas que han explotado el vial y el Estado ha variado en una docena de ocasiones. El texto rubricado por el dictador dejaba fijado hasta el precio que al final del período de explotación deberían tener sus peajes. Traducido a euros, viajar entre Ferrol y  Tui no debería costar para un turismo más de 6,60, pero el peaje entre los dos puntos se eleva ahora a 20,15 euros, como también la adjudicación en lugar de concluir en el 2012 se alargó hasta el 2048.

Precios y vigencia de la concesión se convierten en el mejor ejemplo de que la relación de derechos y obligaciones de Audasa respecto a la AP-9 ha ido cambiando y cambiará hasta el final de la concesión mientras así lo decida el dueño de la infraestructura, el Ministerio de Fomento. Lo hizo para declarar la gratuidad de las circunvalaciones urbanas; para extender el trazado hasta Tui y Ferrol; para crear un acceso a Fene tras la ruptura del puente de As Pías, para rebajar temporalmente el importe de los peajes de los camiones, o para ampliar Rande o el paso por Santiago, entre otras.

Cada vez que se introdujo una modificación, Audasa recibió a cambio una compensación en forma de peajes o tiempo de explotación.

Y eso es lo que limitará a la Xunta a la hora de plantear rebajas en los peajes, tarifas horarias o nuevas conexiones, en su nueva condición de cogestor de la concesión junto al ministerio. Si el Gobierno gallego propone y consigue de Íñigo de la Serna que se apliquen descuentos a los usuarios frecuentes, o a los que circulen en horas no punta, ese descenso en la recaudación tendrá que ser compensado a la concesionaria. Lo mismo que si se acordase hacer la AP-9 gratis, lo que obligaría a pagar a Audasa unos 2.000 millones de euros.

Obligaciones de Audasa

Ese equilibrio financiero que impide cambiar sin contrapartidas las condiciones de la concesión, salvo caso de guerra o catástrofe, y en ese caso solo temporalmente, obliga a la concesionaria a responder a una serie de obligaciones, de las que la Xunta se convierte ahora en controlador directo. En lugar de enviar cartas de queja a Madrid y esperar respuesta de Fomento ante atascos veraniegos, incendios en las márgenes del vial, falta de iluminación o cobradores en los peajes, como ocurrió en los últimos lustros, la Administración gallega podrá exigir a Audasa «conservar la vía, sus accesos, señalizaciones y servicios reglamentarios en perfectas condiciones de utilización», como marca la ley. Obligarle a «suprimir las causas que originen molestias, incomodidades o peligrosidad a los usuarios de la vía, salvo que la adopción de medidas obedezca a razones de seguridad o de urgente reparación». Y hasta reclamar si las obras pactadas con Audasa se retrasan en sus plazos.

Si la concesionaria no cumple sus obligaciones, si la Xunta observase negligencia en la conservación y prestación de servicios en la AP-9, o retrasos en las obras, podría proponer ahora en su nuevo papel la imposición de multas de hasta el 10 % del presupuesto de las construcciones en marcha (13 millones en el caso de Rande) y del 20 % de los ingresos del año anterior en caso de mala gestión (26,8 millones).

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