Los dueños de unas 3.000 fincas tendrán que arrancar las patatas aunque no tengan polilla

Todo el producto almacenado en el norte de Galicia se ha retirado y se seguirá por las plantaciones

Municipios afectados por la polilla Municipios afectados por la polilla

Redacción / La Voz

Las consecuencias de la plaga de la polilla guatemalteca sobre la patata gallega ya son medibles en cifras. En las últimas dos semanas, desde que la Xunta puso en marcha medidas drásticas de control, se ha procedido a la retirada y destrucción de casi 50 toneladas de producto en las comarcas de Ferrolterra, Ortegal y A Mariña, donde se concentran los 31 concellos en los que se ha declarado la cuarentena. Todo ese tubérculo quemado en una planta de Cerceda procedía de almacenes privados. De esta forma, toda la patata guardada -no plantada ni preparada para ello- en el norte de Galicia está ya prácticamente eliminada. Es una vía expeditiva clave para evitar la propagación de un insecto que llegó en el 2015 a Galicia procedente de Canarias, que se detectó primero en tres concellos y que ahora abarca 31 y buena parte del occidente de Asturias. El propio Ministerio de Agricultura y también los expertos avisan de que se trata de una plaga de muy difícil control, inocua para el hombre, pero que destroza un producto tan asentado en el campo gallego.

¿Son muchos o pocos esos casi 50.000 kilos? Si se compara con los dos últimos años, casi 8 veces más en solo dos semanas: entre el 2015 y el 2016, cuando se detectó la plaga y se establecieron los primeros controles, solo hubo 6.800 kilos retirados. Lo cierto es que la información sobre la epidemia era entonces escasa.

Los 49.020 kilos destruidos procedentes de los almacenes, según los datos que maneja la Consellería de Medio Rural, cierran así una primera fase de trabajo que a partir de esta semana continuará con la más compleja: los particulares. Hay unas 3.000 fincas y reservas de simiente ya comunicadas a la Xunta. Son explotaciones que tendrán que arrancar directamente la patata sembrada y entregarla, igual que la que tuvieran previamente reservada para hacer semilla con ella para futuras plantaciones. Tenga o no polilla detectada.

Este un paso clave para que surta efecto la prohibición de plantar en esos concellos durante los próximos dos años, de tal forma que se controle primero la plaga y pueda desaparecer posteriormente.

A la Xunta, esta crisis en el campo le saldrá por alrededor de un millón de euros, según las primeras estimaciones. Se incluyen ahí las indemnizaciones que se pagarán a almacenistas y productores (también los de autoconsumo) y el pago a las empresas -aún se está cerrando la contratación, y se negocia con Tragsa y Seaga- por el transporte y destrucción de la patata.

Recogida y transporte

Casa a casa. En los próximos días se emitirán las órdenes de reparto de sacos y recogida de la patata a los particulares. Estos se habrán tenido que apuntar previamente en las oficinas agrarias o en dependencias de la Xunta. Hay unos 3.000 anotados en los concellos afectados, pero el procedimiento sigue abierto. La patata que se deposite será tanto la ya preparada para el consumo como la que los agricultores arranquen de sus plantaciones. Se deposita en sacos oficiales que luego, con una fecha y hora determinada (los concellos emitirán bandos), recogerá la empresa autorizada. Se pesará para luego proceder a la indemnización.

La destrucción

En una tolva cerrada. Los sacos recogidos y entregados a la empresa privada Gesuga se destruyen en la planta que esta firma tiene en Cerceda. Se abren en un almacén aislado y descontaminado para que la polilla no pueda salir al exterior, para evitar que se propague a otros concellos, según explican en Medio Rural; esto es relevante por la cercanía de Cerceda con una zona tan productora como Bergantiños. Toda la patata se mete en una tolva y se quema. Fin del proceso.

Las indemnizaciones

250.000 euros habilitados. A lo largo de esta semana, Medio Rural hará públicos los baremos de indemnizaciones a los que retiren sus tubérculos. Se establecerán tres criterios en función de la superficie, el almacenaje o el tipo. Por la patata para simiente se abonarán 70 céntimos por kilo; para las de autoconsumo ya guardadas, 30 céntimos, siempre que se intervengan bajo control oficial; y para las patatas plantadas y arrancadas, 40 céntimos por metro cuadrado (no va por peso, porque depende de cuándo se plantaran). Para los comercializadores afectados se establecerá como baremo el precio de compra siempre que se justifique con facturas. La Xunta ha habilitado unos 250.000 euros.

Desde que se detectó la plaga en el 2015 solo hubo 18 solicitudes de indemnizaciones -siguiendo unos baremos previos- para destruir 3.000 kilos.

Las multas

Desde 300 euros. El Ministerio de Agricultura ha decidido incluir sanciones para el cumplimiento efectivo del veto de plantar patata durante dos años o de moverla sin la documentación oportuna que acredite su origen, incluso fuera de las zonas en cuarentena. Eso abarca también los mercadillos en los que en los últimos días aún se podía ver producto de zonas en cuarentena. Se incluyen multas que van desde los 300 euros y que puede llegar a los 3.000 por un delito contra la salud pública. Por ahora no se ha impuesto ninguna. Guardia Civil y Policía Autonómica, junto a técnicos de Medio Rural, harán controles para detectar ese movimiento a partir de esta misma semana.

Votación
12 votos
Comentarios