Dirigentes populares creen que no debería cerrarse la puerta a un adelanto si Rivera insiste en dejar en minoría al Gobierno
27 mar 2017 . Actualizado a las 07:25 h.El reiterado empeño de Mariano Rajoy en negarse a sí mismo una de las escasas prerrogativas personales que la Constitución le otorga al presidente del Gobierno, la de disolver las Cortes y convocar elecciones, resulta más sorprendente por el hecho de que casi todos los partidos parecen empeñados en forzarle a tomar esa decisión. La rotundidad de sus últimas declaraciones al respecto contrasta con las de algunos otros líderes del PP, como Alberto Núñez Feijoo, que afrontan la situación con mayor realismo y admiten que, si ningún partido asume la responsabilidad de otorgar una mínima estabilidad al Ejecutivo, ni siquiera en asuntos que afectan a la economía y el futuro del país como la reforma del sector de la estiba, es imposible gobernar y será necesario ir a nuevas elecciones.
Desde la óptica de los sectores más afines al PP todas las críticas se las está llevando por ahora el PSOE, al que se responsabiliza de abandonar su historia de partido de Estado para echarse en brazos del populismo rampante. Pero en el PP cunde ya la idea de que una gran parte de la culpa de la inestabilidad es de un partido como Ciudadanos, que parece no tener claro qué quiere hacer con los votos que le entregaron los españoles, que le han llevado a ser una fuerza política clave en España y en muchas comunidades. Una falta de compromiso con la que pretende sacar rédito político pero que, en realidad, le está llevando a quedar atrapado en su propia indefinición.
Uno de los ejemplos más claros de esta situación es lo que está sucediendo en Murcia. Ciudadanos ha querido aprovechar la crisis provocada por un presidente imputado que se niega a dimitir para sacar pecho y evidenciar que el futuro de la comunidad está en sus manos. Pero ha medido mal. En lugar de plegarse al deseo de Ciudadanos de que la situación se solucione con unas nuevas elecciones de las que espera salir reforzado, el PSOE se ha adelantado a presentar unilateralmente una moción de censura. Y, ahora, los de Rivera están atrapados en la encrucijada de hacer presidente al socialista Rafael González Tovar o mantener en el cargo al imputado Pedro Antonio Sánchez. Una elección diabólica de la que, tomen la decisión que tomen, los naranjas saldrán escaldados.
Lo que sucede en Murcia no es asunto menor, porque podría acabar repitiéndose, con diferentes variantes, en muchos otros lugares, e incluso en el Gobierno de España. A base de cuestionar cada día la legitimidad de Rajoy como presidente del Gobierno, lo que está consiguiendo Albert Rivera es que el PSOE y Podemos se aprovechen para forzarlo a votar junto a ellos, como ha ocurrido en el decreto de la estiba o la ley mordaza, para dejar al Gobierno en minoría. Con ese juego, lejos de ser un garante de la estabilidad, Ciudadanos acaba por ser el máximo responsable de la ausencia de ella. Y por eso resulta incomprensible que, en lugar de dejarle claro que de seguir por ese camino habrá que ir a nuevas elecciones, el presidente del Gobierno anime a Rivera a jugar con fuego al asegurar que, pase lo que pase, no habrá adelanto. Puede que Rajoy no, pero muchos en el PP están cansados del juego de Ciudadanos y apuestan por ir a las urnas.
La financiación autonómica amenaza con encallar
El optimismo con el que se cerró en enero la conferencia de presidentes autonómicos es hoy poco más que un triste recuerdo. Los grandes acuerdos que se asumieron allí empiezan a ser papel mojado. Dos meses después, las esperanzas de que se apruebe por consenso un nuevo modelo de financiación autonómica que satisfaga a todos son prácticamente nulas. A pesar de las declaraciones y las buenas intenciones expresadas en aquel foro, la comisión de expertos creada para sentar las bases del nuevo sistema amenaza con convertirse en un eterno debate técnico en el que cada uno barre para casa y del que será muy difícil que emerja un consenso político capaz de sacar adelante pronto un nuevo modelo.
Mas ataca la Constitución, pero la usa para defenderse
El doble discurso del expresidente catalán Artur Mas alcanza tintes casi cómicos en lo que se refiere a la Constitución. El dirigente de la antigua CDC, condenado por desobediencia a dos años de inhabilitación, no se cansa de cuestionar una Carta Magna a la que, según afirma y demuestra con sus hechos, no se siente sometido. «La Constitución ya no tiene legitimidad en Cataluña», asegura el expresidente catalán en su discurso más incendiario. Pero luego resulta que, en el recurso contra la sentencia que lo inhabilita, el principal argumento que esgrime Mas es que su condena vulnera los derechos que le otorga esa Constitución de la que en público reniega. Es difícil superar esa contradicción.
El PSOE asume que en las primarias no habrá goleada
¿Tiene solución el PSOE? El pesimismo empieza a cundir en los sectores socialistas menos implicados en la batalla personal entre Pedro Sánchez y Susana Díaz y más interesados en el futuro del partido. La constatación de que Sánchez sigue contando con el respaldo de una gran parte de la militancia lleva a la conclusión de que, ocurra lo que ocurra en las primarias, el PSOE va a seguir en crisis. Gane quien gane, el partido no se va a decidir por goleada. Y, en esa situación, la unidad será imposible. Si no hay un ganador rotundo, el PSOE seguirá fracturado en dos mitades y con un líder cuestionado. Ese temor hace que muchos se estén volcando en favor de Susana Díaz, aunque no les entusiasme.