La Justicia cierra «por nulidad de pleno derecho» el Área Metropolitana de Vigo

Juan Manuel Fuentes Galán
juanma fuentes VIGO / LA VOZ

GALICIA

M.Moralejo

Salvo un pacto Feijoo-Caballero, el proceso quedará bloqueado al menos hasta el 2019

06 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

125 días después de la polémica constitución de la asamblea del Área Metropolitana de Vigo, el primer organismo de estas características en Galicia, un juez de Vigo ha dado carpetazo al proyecto y clausurado su actividad. Se trata de una medida cautelar que estará en vigor hasta que haya una sentencia definitiva, que tardará aproximadamente dos años. Para entonces estarán a punto de celebrarse las elecciones municipales del 2019, con lo que se habrá perdido un mandato para consolidar el proyecto de gobierno metropolitano.

El detonante que ha forzado el arbitraje judicial fue el desacuerdo en la puesta en marcha del transporte metropolitano, que Vigo se ha negado a instaurar por disconformidad con el coste que le supone. Sin embargo, su funcionamiento «efectivo» figuraba como requisito para que el Área arrancase. Al no producirse, el PP recurrió su constitución y la Justicia le ha dado la razón.

Aunque fueron varios los motivos del recurso autonómico, en el aspecto jurídico ha primado el nombramiento irregular de dos concejales metropolitanos por parte de los concellos de Gondomar y Moaña, que no respetaron las previsiones de la Ley del Área Metropolitana. Al no corregir este defecto, el presidente de la mesa de edad de la asamblea (Arturo Grandal, alcalde de Salvaterra por el PP) decidió suspender la sesión constitutiva que se celebraba el 1 de diciembre y la abandonó con la veintena de concejales populares.

Ante ello, el secretario de Vigo, que ejercía como tal en la constitución de la asamblea, decidió que no había suspensión sino abandono, invistiendo como nuevo presidente de la mesa al propio Caballero, el de más edad de los presentes. El juez cree que ello supuso «prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» ya que el secretario «carecía de la facultad de dirección de la asamblea».

Respecto al fondo del asunto, el auto judicial estima de la máxima relevancia el nombramiento correcto de los concejales de ambos municipios. Motivo: que podrían haber acudido ediles que por su edad modificaran la constitución de la mesa.

En estas condiciones, solo un improbable acuerdo político entre Caballero y Feijoo podría resolver ahora el parón del Área. En caso contrario, habrá que esperar a que dicha negociación se produzca tras las municipales del 2019 en función de los resultados en Vigo y en los municipios del entorno. La decisión conocida ayer es contundente, ya que considera que la actividad del Área tras la suspensión, no aceptada por el secretario, «aparenta nulidad de pleno derecho».

Quince años y dos leyes después sigue sin arrancar un organismo con respaldo popular

La primera ley del Área Metropolitana, del año 2012, empezó a debatirse tras una campaña de recogida de firmas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo para su tramitación. Aquella ley fue aprobada solo por el PP y contenía lo que el alcalde vigués consideraba duras condiciones. Principalmente, que su voto en la junta de gobierno era igual al de los demás municipios (alguno de ellos con 3.000 habitantes) y que no se garantizaba la presidencia para Vigo pese a que su población supone el 65 % de los 14 municipios implicados.

Empezó entonces una polémica que se saldó en julio pasado con un acuerdo político impulsado desde la cúpula por Feijoo y Caballero. Vigo garantizaba la presidencia para su alcalde y renunciaba a la proporcionalidad en el gobierno, conformándose con el 45 % del voto y siempre necesitaría a otros tres concellos para tomar decisiones.

Cuando todo parecía resuelto se atravesó en las vías una traviesa imprevista llamada transporte metropolitano. Era la contrapartida exigida por los alcaldes del PP para que sus vecinos usaran el transporte urbano de Vigo a preciso reducido. Caballero lo aceptó, pero llegado el momento hubo desacuerdos por el coste económico, limitando los viajes en los buses de Vigo a los vecinos de fuera. Fue la sentencia de muerte del Área.