Una polémica empresa con pretendientes en Galicia

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

DESOKUPA

La empresa barcelonesa Desokupa presume de haber llegado a acuerdos entre las dos partes en ocho de cada diez casos

20 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Así funciona Desokupa: «Vengo para comunicarte que vamos a montar un control de acceso. No podréis entrar cuando salgáis. Tú eres okupa y tienes tus derechos, y yo te digo que cuando salgas no podrás recuperar tus pertenencias porque habrá un guardia de seguridad 24, 48, 72 horas... Están aquí el propietario y su abogado, y han venido con el dinero. Te mantenemos la oferta». La escena es solo el comienzo de un vídeo con el que la propia empresa barcelonesa promociona sus servicios, con un par de agentes de policía como testigos.

El que habla con solvencia y locuacidad es uno de los mediadores de la polémica firma nacida en Barcelona y liderada por Daniel Esteve, que dirige un impactante comando de boxeadores y expertos en artes marciales que conforman una plantilla que no para de crecer en la capital catalana y que, además de otra sede en Madrid, ya tiene preparadas once franquicias por toda España. Pronto entrarán en Galicia, garantizan, porque han recibido «bastantes solicitudes», tanto de clientes que se interesan por sus servicios como por empresarios que quieren implantarlos en la comunidad.

Asegura el equipo de Esteve que, tras meses de actividad en los que no fuerzan a nadie a abandonar las viviendas okupadas, sino que intermedian con las dos partes, solo les han notificado un procedimiento penal en fase de instrucción el pasado 4 de abril, «sin tener constancia de quién lo ha iniciado».

La policía, vigilante

Las prácticas de Desokupa, que presume de haber llegado a acuerdos en ocho de cada diez casos, han sido censuradas por movimientos sociales y por la propia alcaldesa de Barcelona, que ha ordenado a la Policía Local vigilar que no existan coacciones por parte de la empresa.

Recurrir a estos intermediarios, que aseguran que graban todas sus intervenciones y que son ellos los que llaman a las fuerzas de seguridad para que estén presentes, tampoco es barato. Las tarifas dependen de los servicios y no tienen un precio estándar, pero la media se sitúa entre los 3.000 y los 8.000 euros, incluyendo un posible pacto económico con los okupas o la presencia de guardias de seguridad.