Lugo es la provincia donde hay ahora más problemas para delimitar las parcelas
23 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El decreto de la Xunta que regula la inversión que generan los montes vecinales, en vigor desde mayo pasado, ha avivado el viejo problema de los lindes al abrir nuevas expectativas de negocio y de explotación forestal. La norma obliga a reinvertir el 40 % de los beneficios en un plan de ordenación que tiene, entre otros, el objeto del deslinde. Y que los límites físicos estén claros resulta indispensable para medir la capacidad de generar ingresos de ese monte en mano común. Esto ha abierto las disputas entre montes vecinales, pero también entre estos y los propietarios particulares.
El asunto no es baladí en un territorio como el gallego, en el que hay casi 680.000 propietarios forestales y 2.800 comunidades de montes vecinales en mano común (CMVMC), que suponen el 33 % de la propiedad forestal y que están encargadas de gestionar más de 700.000 hectáreas de monte vecinal. Se extienden por 248 de los 313 municipios gallegos y ocupan un 25 % del territorio, aproximadamente.
Para entender este conflicto hay que remontarse a mucho antes de la entrada en vigor del decreto. Los actuales montes vecinales fueron clasificados por la Administración como tales desde finales de los setenta. Antes eran propiedad del ayuntamiento. Y la normativa establecía que la encargada de establecer los lindes era la Administración: un trabajo arduo y laborioso, y que no siempre se hizo de la forma más correcta. Y ello pese a que hubo unas tres décadas para hacerlo, porque con la entrada en vigor de la Lei de Montes del 2010 se produce un cambio sustancial: la competencia para establecer lindes ya no es del poder autonómico, sino de la propia comunidad de montes vecinal.
El último decreto de la Xunta aviva todavía más el problema al establecer que un porcentaje de reinversión tiene que ir al deslinde para ordenar el monte, lo que ha multiplicado el número de casos de particulares que entran en conflicto con la CMVMC.
Medio Rural desconoce el número de conflictos existentes. «A Xunta non é a encargada de resolver as reclamacións que pode haber, xa que as teñen que atender as propias comunidades. O Goberno galego só estableceu a data tope para que os montes teñan un instrumento de xestión ou ordenación, que remata o vindeiro 8 de maio do 2020. A partir de entón, todo monte que non estea ordenado non poderá realizar aproveitamentos forestais», explican desde la consellería.
La Xunta insiste en que la competencia del deslinde es de la CMVMC y defiende la naturaleza del último decreto, pese a las críticas de algunas comunidades. «O decreto polo que se desenvolve o reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en actuacións de posta en valor e multifuncionalidade ten como finalidade principal mellorar e protexer o monte, a fin de asegurar a súa sustentabilidade no tempo», puntualizan desde la Administración autonómica.
Calixto Escariz, abogado al frente de un despacho que lleva la gestión de casi 200 comunidades de montes, advierte que el decreto ha influido en los conflictos, pero que el origen del problema se remonta a mucho más atrás, cuando durante décadas tuvo la competencia la Administración para hacer los lindes.
«El escenario no es igual en toda Galicia en lo que concierne a los conflictos entre los particulares», precisa este abogado. «La situación es mucho mejor en Pontevedra, donde hay comunidades de montes vecinales poderosas y ricas, y los distintos litigios con los particulares se están resolviendo a su favor, sin menoscabo de la propiedad forestal», apunta. En A Coruña la situación es más parecida a Pontevedra, pero no ocurre lo mismo en Ourense ni, sobre todo, en Lugo, donde se concentra el principal foco del problema. «En Lugo se deslindó poco y siempre en perjuicio de la propiedad forestal, aquí hay muchísimos casos y es un conflicto de solución más compleja». Desde las comunidades de montes consideran que la Xunta, con la nueva regulación, ha esquivado su responsabilidad de elaborar una cartografía detallada que pudiese evitar la avalancha de disputas.
Especies propias en el medio rural
La política forestal impulsada por la Xunta para potenciar la economía del medio rural pasa por aumentar la superficie arbolada ocupada por frondosas caducifolias, mediante la plantación y regeneración de castiñeiros, carballos y cerdeiras. Se prevé la plantación de hasta un millón de castaños y, por vez primera, se acotan los eucaliptos a determinadas zonas. Incrementar la extensión de superficie de monte público y fomentar la organización activa de los montes vecinales forma parte de la estrategia pensada para dinamizar la economía del monte y, en consecuencia, fijar población en el medio rural.
Actualmente, más del 50 % del empleo industrial de algunos ayuntamientos del interior -como pueden ser Alfoz, Coles, Piñor, Pontedeva, Quintela de Leirado o Sarreaus, entre otros- está relacionado con la madera. En comparación con otros sectores, el peso del forestal representa el 13 % de todo el empleo industrial de la comunidad.