Competencia ve restrictivo e injustificado el nuevo decreto de viviendas turísticas

La Xunta de Galicia se ha topado con un inesperado nubarrón en la tramitación del decreto de viviendas turísticas, que va a entrar en vigor a partir del 10 de mayo pero que al mismo tiempo puede iniciar un periplo judicial tras el requerimiento realizado por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC). Sostiene este organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en todo el país, que el Decreto 12/2017 redactado por la Xunta, que establece la ordenación de los apartamentos y las viviendas turísticas, «restringe» la competencia y favorece «injustificadamente» a las empresas ya instaladas, perjudica a los usuarios y además es contrario a la normativa española y de la Unión Europea.

Advierte la CNMC que este requerimiento es un «paso previo» para darle la oportunidad a la Administración gallega de modificar o anular las disposiciones señaladas, cuestión que la Xunta parece que no va a hacer a tenor del comunicado que ha difundido Turismo de Galicia, en el que adelanta algunas de las justificaciones jurídicas y normativas con las que va a defender su texto. Si una y otra parte llevan sus escritos hasta las últimas consecuencias, todo apunta a que se interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ya que la Comisión está «legitimada» para impugnar actos de las instituciones públicas sujetos al derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley (se trata de un decreto).

Un comunicado nada amistoso

El requerimiento, del que la directora de Turismo, Nava Castro, tuvo conocimiento hace una semana, no resulta precisamente cordial en su tono, y de hecho advierte de los precedentes en este ámbito, como fue el recurso en la misma línea contra la normativa de la Comunidad de Madrid, que ha sido estimado «completamente» por los tribunales.

La CNMC utiliza argumentos jurídicos y de competencias administrativas, y asegura que tiene de su parte el criterio de los jueces y de la Unión Europea, pero también incluye valoraciones en sus razonamientos como el hecho de que esta norma trata de poner coto de forma restrictiva a un sector inmerso en un contexto mundial de innovación, de ahí la insistencia en considerar que se ponen trabas a la incorporación de nuevos agentes que prestan servicios mediante economía colaborativa.

Turismo de Galicia seguirá adelante porque «ordena» el sector con respaldo jurídico y garantiza la calidad

Turismo de Galicia difundió una nota de prensa tras hacerse público el requerimiento con una prosa menos vehemente pero igual de cargada de argumentos, lo que hace sospechar que habrá un juez de por medio. Porque igual que unos sostienen que la Unión Europea está defendiendo las tesis del libre mercado, la otra parte, la Xunta en este caso, garantiza que también cumple el espíritu de la Directiva de Servicios de la Unión Europea en asuntos como el de la presentación de una declaración responsable para iniciar la actividad, ahora en cuestión. Además, las competencias, no de mercado, sino administrativas, tendrán su peso en esta disputa, porque Turismo de Galicia confirma que algunos de los recelos de la CNMC están recogidos «sen cambios» en la Lei 7/2011, un rango legal que ya no le corresponde vigilar a este organismo y que está depositado exclusivamente en el ámbito autonómico y no en el estatal, como quiere hacer valer la comisión.

Afirma el departamento liderado por Nava Castro que abordó el decreto de una forma amplia y contando con la opinión de un sector que, a todos los niveles, ha mostrado su preocupación por las repercusiones del intrusismo desleal que han supuesto los nuevos canales de acceso a los alojamientos, que no demoniza pero que sí que regula. Y además, argumenta, tuvieron el visto bueno de las colectivos de hotelería, hospedaje y de la Asociación de Consumidores y Usuarios, que realizó aportaciones al texto final como la exigencia de que existan hojas de reclamación.

Requisitos «mínimos»

Para la Xunta, el documento que entrará en vigor en dos semanas solo exige un «mínimo de requisitos» para prestar servicios con garantía de calidad y respondiendo a los principios de proporcionalidad, y aclara que no limita el alquiler de viviendas destinadas al sector turístico, como reza el requerimiento, sino que «simplemente» aquellas que incumplan la nueva normativa no pueden identificarse como alojamiento turístico. Sí tienen la oportunidad de someterse a la Ley de Arrendamientos Urbanos o cualquier otra que sea «aplicable».

Por otro lado, la Administración gallega afirma ser sensible con las competencias municipales y la ordenación de usos permitidos en suelos de uso residencial, una cuestión «fundamental» para que el impacto turístico sea «equilibrado y pacífico».

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