Exige a la comisión que revise con igual «dilixencia» los precios de los carburantes
28 abr 2017 . Actualizado a las 00:35 h.El presidente de la Xunta ha aceptado y hasta agradecido el requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que cuestiona por «restrictivo» el texto del decreto de viviendas turísticas que va a activarse en Galicia a partir del 10 de mayo. Pero, a pesar de su tono cordial al abordar este asunto tras la reunión semanal de su Gobierno, tampoco quiso Alberto Núñez Feijoo disimular su extrañeza por la rapidez con la que el organismo público encargado de velar por el libre mercado ha tramitado la petición, y por ello le ha exigido que tenga la misma «dilixencia» para revisar los precios de los carburantes en Galicia, de los más altos antes de impuestos a pesar de contar con una refinería en suelo de la comunidad, tal como quedó reflejado en un informe que le remitió a la comisión en el año 2014. «Estou convencido de que Competencia tamén remitirá ese informe en breve», ironizó.
Sin desviar el foco, Feijoo hizo una defensa genérica del documento elaborado por Turismo de Galicia, que a su juicio busca «precisamente» una competencia más leal, protegiendo a los protagonistas del sector «que pagan legalmente impostos e que teñen traballadores», afirmó. Con todo, admitió que la Xunta no tendrá reparos en «atender» las sugerencias que, efectivamente, puedan generar alguna distorsión, y para ello ya están trabajando los servicios jurídicos autonómicos, que disponen de un mes para responder y evitar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza.
El tema, admitió el presidente, es «complexo» a pesar de los precedentes, porque la CNMC ya actuó contra el documento presentado por la Comunidad de Madrid, que también tuvo que pulir algunas disposiciones, pero que «da bastante a razón» a la Administración homóloga. «Agradecemos a Competencia que nos advirta», dijo el jefe del Ejecutivo, que también avisó de que el objetivo es garantizar la calidad de los servicios turísticos «para que a xente volva a Galicia».
A la espera de la respuesta jurídica, el departamento de Turismo también contestó públicamente a la comisión con un amplio argumentario basado en dos pilares a los que se refirió el presidente: el de la defensa de los agentes del sector que ya cumplen con sus obligaciones y la mejora de la oferta de servicios turísticos de Galicia. Por su parte, el requerimiento es muy contundente al cuestionar las trabas a la incorporación de nuevos actores al sector, como propician las nuevas tecnologías, y realiza apreciaciones en torno a la falta de competencia de la Xunta para regular algunos asuntos. En su escrito, la comisión discrepa con Feijoo, ya que afirma con rotundidad que en el caso de la Comunidad de Madrid la Justicia estimó «completamente» sus tesis.
De todas formas, en la medida en que no se ha pedido la suspensión del decreto, sino la modificación o eliminación de algunos puntos, la Administración gallega seguirá adelante con el calendario de implantación.
No es la primera vez que Competencia pone reparos a un decreto relativo a las viviendas turísticas. Ocurrió, como recordaba Feijoo, con la normativa elaborada por la Comunidad de Madrid, contra la que el organismo presentó un recurso que fue estimado «en su totalidad» por la Justicia. Ocurrió también, según se hizo público este mismo miércoles, con el decreto de viviendas vacacionales que aprobó el Gobierno de Canarias, alguno de cuyos artículos acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ejecutivo canario dijo a este respecto, tras conocer la decisión judicial, que los servicios jurídicos autonómicos están estudiando la sentencia y que el decreto será modificado, pero no hasta que se resuelvan los otros tres recursos que todavía están pendientes en los juzgados.
La Comisión Europea recomienda eliminar trabas
La Unión Europea la llama economía colaborativa. Consiste en prestar, alquilar, comprar o vender productos en función de las necesidades y no tanto de los beneficios económicos, hasta el punto de que el dinero no es siempre el valor de cambio en las transacciones y a veces es sustituido por el trueque. Este nuevo modelo económico crece rápidamente y en muchas ocasiones, aunque no siempre, apoyado en portales de Internet. Esa celeridad con la que se expanden estas nuevas fórmulas de intercambio genera incertidumbre entre los operadores tradicionales, incertidumbre que se agudiza con las diferentes medidas reglamentarias que las Administraciones impulsan para responder a este nuevo escenario. Con el fin de clarificar las cosas, la Comisión Europea elaboró hace unos meses un documento en el que proporciona orientaciones sobre cómo debería aplicarse la legislación a este sector.
En este documento, la Comisión apoya expresamente la economía colaborativa -de la que dice que contribuye al crecimiento y ofrece nuevas oportunidades de empleo- y pide que se elaboren normas coherentes en toda Europa para que los consumidores, los nuevos proveedores de servicios y los operadores tradicionales sepan a qué atenerse.
Según el criterio de las autoridades europeas, los prestadores de servicios solo deberían estar obligados a obtener autorizaciones o licencias cuando sea estrictamente necesario, y en ningún caso deben estarlo si solo actúan como intermediarios entre los consumidores y quienes ofrecen el servicio. Y en este punto cita expresamente el transporte o el alojamiento, al que se refiere el decreto de viviendas turísticas de la Xunta. Debe diferenciarse, dice la Comisión Europea, entre los ciudadanos que ofrecen un servicio ocasional y aquellos proveedores que actúan como profesionales, por ejemplo estableciendo umbrales según el nivel de actividad.
Los consumidores, dice la UE, deben gozar de un alto nivel de protección frente a las prácticas comerciales desleales, y los Estados deben garantizar que sea así, pero deben hacerlo sin imponer «obligaciones de información desproporcionadas» a los particulares que presten servicios de forma ocasional.
Eso sí, los operadores de la economía colaborativa, dice la Comisión Europea, deben pagar impuestos, aunque anima a los Estados miembros a que simplifiquen la aplicación de las normas fiscales a estas actividades y a que revisen y, si es necesario, modifiquen, la legislación de acuerdo con las orientaciones de la Comisión. Esta, por su parte, se compromete a supervisar y hacer seguimiento de este entorno cambiante.