Registradores gallegos recurren ante el Supremo la demarcación que quita plazas en la zona rural

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Mariscal

Los titulares de Vigo y Pontevedra y quince de Barcelona tratan de frenar el real decreto aprobado en marzo

18 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Dos registradores de la propiedad con plazas en Vigo y Pontevedra han sido los primeros titulares en presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 195/17, aprobado por el Gobierno central en marzo. Al escrito de Vicente Artime Cot y Ana María López Rodríguez se ha sumado otro más en la misma línea respaldado por quince titulares de Barcelona, que también ponen reparos a la nueva demarcación de registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles impulsada por el ministro Rafael Catalá.

La reforma, cuyo objeto es la adaptación a las necesidades sociales y demográficas, tuvo en Galicia diversas consecuencias. Por un lado, se crearon dos plazas de registradores mercantiles en A Coruña y Pontevedra-Vigo, que pasan a tener dos y tres titulares respectivamente. Pero donde verdaderamente se han visto afectados es en una decena de municipios y cabeceras de comarca con un perfil más rural que se quedarán sin el servicio, con especial incidencia en las provincias de Ourense (Bande, Celanova, Ribadavia, A Pobra de Trives y Viana do Bolo) y Lugo (Quiroga, A Fonsagrada, Becerreá), además de la localidad coruñesa de Muros y la pontevedresa de Ponte Caldelas.

El decreto de Justicia busca actualizar la demarcación y la carga de trabajo, y para ello ha reagrupado los registros con un movimiento inferior a mil documentos al año entre el 2009 y el 2015, que pasarán a ubicarse en la localidad de referencia más cercana en un proceso que debe estar finalizado antes del 5 de junio.

Disgusto de los alcaldes

La nueva demarcación, que también anula un registro que nunca fue creado en Lugo y une el mercantil y el bienes muebles de Ourense, ha causado un gran disgusto entre los alcaldes de los municipios afectados, que ven mermados los servicios de estas oficinas, que en algunos casos también funcionan como despachos liquidadores de la Consellería de Facenda. Sin embargo, es un varapalo que veían venir por las intenciones anunciadas previamente por el Ejecutivo, de ahí que no haya cogido por sorpresa a los dos o tres trabajadores que tienen de media los despachos cerrados.

El decreto ha generado iniciativas plenarias impulsadas por gobiernos locales de distintos colores, recogidas de firmas y hasta una manifestación en Muros el pasado domingo.