La Xunta subirá el sueldo un 1 % a unos cien mil trabajadores públicos

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Personal en la Administración
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La aprobación de los Presupuestos beneficiará también a otros 53.000 funcionarios

30 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La aprobación de los Presupuestos del Estado a finales de junio, gracias a los apoyos recabados por un PP en minoría, tendrá consecuencias sobre las retribuciones de los empleados públicos de la comunidad gallega: las cuentas incluyen una subida del 1 %. Y eso es lo que tendrá que subir la Xunta a unos cien mil empleados: los 86.618 que dependen directamente de su estructura, es decir, los servicios centrales de la Administración general, el personal de Educación y el Sergas. Y otros 15.000 dependientes de las tres universidades y de la enseñanza concertada. Este 1 % le costará a la Xunta unos 36 millones de euros. También se verán beneficiados los 27.610 trabajadores que tiene la Administración del Estado en la comunidad gallega y los 25.256 empleados que dependen de las corporaciones locales. En total, casi 153.000 trabajadores verán sus retribuciones incrementadas un 1 % a partir del 26 de junio, fecha en la que está prevista la aprobación de los Presupuestos.

La disposición

La Xunta ya decidió en el pasado mes de diciembre vincular la evolución retributiva de su personal a lo que contemplase el Estado en sus Presupuestos. De hecho, en los Orzamentos para el 2017 se incluye una disposición adicional que establece que «os incrementos das retribucións do persoal do sector público que estableza, se é o caso, a Administración xeral do Estado aplicaranse na súa porcentaxe máxima ás retribucións contidas na presente lei».

Es decir, con esta disposición se garantiza que el aumento retributivo se aplicará a la Administración gallega sin necesidad de hacer ningún cambio legislativo, y en su porcentaje máximo.

Dependiendo del calendario de aprobación de las cuentas del Estado, la subida del 1 % se aplicará ya en la nómina de junio o en la de julio, pero este aumento tiene carácter retroactivo. Es decir, hay que aplicarlo con fecha del 1 de enero, tal y como establece el proyecto de ley de los Presupuestos del Estado, y ninguna comunidad puede adoptar medidas mientras las cuentas estén en tramitación y no hayan entrado en vigor.

La Administración gallega tendrá que decidir cómo abona esa subida del 1 % desde enero y si, finalmente, establece una compensación en forma de paga extra para abonar todo ese incremento salarial no aplicado durante la primera mitad del año. Algo que, previsiblemente, sí hará el Estado. Este es el segundo año consecutivo que los funcionarios gallegos de todas las Administraciones ven aumentar su salario un 1 % tras años de congelación y de un recorte del 5 %.

La contención del gasto público en personal ha sido una de las más poderosas armas con que ha contado la Administración para cumplir de forma eficaz e inmediata con la senda del ajuste fiscal tras años de bonanza. Y eso ha abocado a los empleados públicos a una notable pérdida de poder adquisitivo. Después de años de duros enfrentamientos, las relaciones entre la Administración autonómica y los sindicatos se han reconducido.

Pacto con las centrales

El pasado mes de junio, a unos meses de las autonómicas, la Xunta llegaba a un acuerdo con la representación de los funcionarios para devolver la parte devengada de la paga extra del primer semestre del 2013. En aquel acuerdo, también se establecía que los funcionarios recuperarían desde el 1 de enero de este año el 100 % del montante de las pagas extraordinarias, algo que no sucedía desde marzo del 2013. Desde entonces, y en los tres años posteriores, el Gobierno dejó de abonar a sus trabajadores el complemento específico de la paga extraordinaria. Es decir, que entre el 2013 y el 2016 los funcionarios de la Xunta perdieron el 40 % de lo que cobraban por esta vía. A esto se suma que en el 2016 ya se completó la devolución del 100 % de la famosa paga de Navidad del 2012, suprimida por el Estado.

El adelgazamiento de las plantillas, otra vía para contener el gasto público

A los recortes salariales se ha sumado otro eficaz instrumento que ha permitido al poder ahorrar gasto público y cumplir con el objetivo de déficit: no reponer las vacantes. La crisis económica hizo adelgazar la función pública como nunca antes había sucedido. Jamás se había producido un recorte de personal de esta envergadura. Si se toma como referencia el período que va del 2011 al 2016, Galicia ha perdido casi 10.600 puestos de trabajo. Durante ese lustro fue cuando se decretó la prohibición de reponer puestos vacantes para ajustar el gasto y cumplir con el objetivo de equilibrio en las cuentas públicas. No fue hasta el 2016 cuando tímidamente volvió a abrirse el grifo para cubrir la mitad de las bajas generadas por jubilación, fallecimiento o renuncia.

Sin embargo, este proceso de ajuste no ha afectado por igual a todos los estamentos de la Administración pública. Es en los ayuntamientos y en las diputaciones donde se ha producido un mayor adelgazamiento; concretamente, entre el 2010 y el 2016, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, la plantilla de las corporaciones locales bajó un 17 % (5.148 trabajadores menos).

Los siguientes eslabones

En segundo lugar, se sitúa la Administración del Estado en Galicia, que durante ese período perdió 3.273 trabajadores, lo que equivale a un 10,5 % del total. Y por último, está la Xunta, que no repuso el 2,4 % de las plazas vacantes, lo que rebajó su plantilla en 2.135 integrantes hasta quedar en 86.618 personas, último dato oficial actualizado.

La Administración gallega convocará este año oposiciones para cubrir un mínimo de 2.700 plazas. Y probablemente, a nivel de todo el Estado y a nivel de todos los eslabones competenciales, el ejercicio del 2017 será el que marque por vez primera un dato de crecimiento del empleo público después de cinco años consecutivos de caída en las plantillas.

Las cuentas del Estado quedarán aprobadas el próximo 26 de junio

La entrada en vigor de la subida del 1 % depende de la tramitación parlamentaria para la aprobación de los Presupuestos. El 13 de junio está previsto el debate de los vetos (enmiendas a la totalidad) que hayan sido registrados en la Cámara alta, y el 26 de junio las cuentas podrían quedar aprobadas definitivamente, ya que si no se introducen cambios no hará falta que regresaran al Congreso de los Diputados, con lo que pasarían a ser publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). La evolución de la tramitación de los Presupuestos en las Cortes es lo que lleva a Facenda a no tener claro todavía si el incremento retributivo se hará efectivo ya en la nómina de junio o en la de julio, aunque todo hace indiciar, por los tiempos, que será la segunda opción.