Los compradores de pisos de Navia no recuperarán todo lo que les cobraron en B
GALICIA
«Me exigieron 42.000 euros y me pusieron por delante un papel donde solo figuraban 2.000», cuenta uno de los afectados de Vigo
16 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los propietarios de viviendas de protección autonómica de la urbanización viguesa de Navia a los que exigieron el pago de sobreprecios en negro para entregarles las llaves no podrán recuperar todo su dinero. Una parte del incremento artificioso del precio acabó en manos de los intermediarios que, al contrario que el constructor y político Telmo Martín, no han sido condenados en el proceso judicial que ha terminado en el Tribunal Supremo. Los mediadores se embolsaban 6.000 euros en la operación o incluso más. A las puertas de los dos bloques de viviendas de Construcuatro en el barrio vigués, el ambiente era ayer de satisfacción por la sentencia pero de preocupación por no saber aún cuándo podrán cobrar los 1,2 millones de euros que les reconoce el tribunal y que la empresa que era propiedad de Telmo Martín y otros socios tiene que reembolsar.
El presidente de la comunidad de vecinos, Guillermo Vivero, que fue uno de los primeros en denunciar, señala tras el fallo que ahora quieren recuperar su dinero. «La Justicia ha sido abrumadoramente lenta. Han tardado doce años en resolver y ahora la Xunta, que no nos apoyó nunca, dice que denunciaron ellos. Eso no es verdad, otro compañero y yo fuimos los que metimos el asunto en el juzgado», apunta. El presidente de la comunidad es uno de los 26 denunciantes del total de 62 viviendas del edificio. La sentencia de devolución del dinero entregado por sobreprecios va a beneficiar a todos los vecinos, también a los que no denunciaron.
Las cantidades en negro exigidas por los intermediarios de la promotora fueron variadas, llegando en algún caso a 50.000 euros. Roberto Cendón, un propietario, asegura: «Me pidieron 42.000 euros y a mí no me pareció extraño porque a otra gente de cooperativas de edificios cercanos les iban pidiendo diversas cantidades. Pero cuando entregué el dinero me pusieron por delante un recibo en el que solo figuraban 2.000 euros y me dijeron: ‘‘Firma’’. Yo pregunté cómo podía ser eso. Y me replicaron: ‘‘Tiene que ser así y si no lo quieres, ahí fuera hay tres personas esperando’’».
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a la constructora de la que en aquel momento era titular el alcalde de Sanxenxo. La empresa debe devolver 1,2 millones a los perjudicados.
La oposición pide a Feijoo que eche a Telmo Martín, que mantiene silencio
La sentencia del Supremo no ha pasado desapercibida en el Parlamento de Galicia, donde dos grupos han pedido la salida de Martín del Concello. El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, reclama su dimisión o cese al entender que es «intolerable» que Feijoo ampare sus «negocios escuros». Para el diputado, la clave del asunto es que un partido siga respaldando a un político con «comportamientos corruptos e especulativos» con la vivienda protegida pública.
Ana Pontón (BNG) también puso al presidente de la Xunta en la diana, y considera al regidor como «inhabilitado» para seguir en el cargo. La líder del Bloque se pregunta si la «carta de presentación del jefe del Ejecutivo gallego en Madrid va a ser «amparar» a un alcalde con una empresa que acaba de ser condenada «por cobrar en B».
Pleno extraordinario
En Sanxenxo, el alcalde popular mantiene de momento el silencio. Sin embargo, concejales de la oposición van a intentar forzar sus explicaciones por unos hechos que, recuerdan, suceden en un momento en el que Martín era socio de la empresa y salió de la localidad del Salnés para liderar el partido en Pontevedra. Y por ello han solicitado un pleno extraordinario. Quieren que en ese ámbito municipal se debata la «lexitimidade» del regidor para seguir sosteniendo el bastón de una localidad en la que el urbanismo -y alguna actuación de Construcuatro- han estado en el centro de la polémica.
La solicitud de pleno será presentada la próxima semana y estará firmada por los tres integrantes del BNG, la representante del PSOE y una concejala no adscrita. Para los ediles resulta «inaceptable» que una persona pueda dedicarse a la vida pública después de haber exigido sobreprecios a personas que buscaban una vivienda sin estar sobradas de recursos.