Las acusaciones populares piden a la jueza del Alvia una sentencia ejemplar y cuestionan el giro de la Fiscalía
GALICIA
Los abogados de la Plataforma de víctimas y de la asociación de afectados Apafas creen que no se analizaron los riesgos en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense
21 jun 2023 . Actualizado a las 21:46 h.Ayer también fue el turno de exposición de los informes finales de las acusaciones populares de la Plataforma de víctimas y de la asociación Apafas. El abogado de la primera, Manuel Alonso Ferrezuelo, estaba deseando contrarrestar en el juicio del Alvia la retirada por parte de la Fiscalía de la acusación contra el exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte. Pero antes de eso fue muy duro con la actitud del maquinista, para el que también pide cuatro años de cárcel. Constató que ocultó la llamada del interventor en tres ocasiones y que pactó con el revisor no desvelarla. También dijo que era «la única persona en el tren que no sabía que se acercaba a la estación de Santiago». Y añadió: «Tenía conocimiento de ese punto peligroso y eso agrava su responsabilidad».
En su opinión, si Francisco José Garzón fuera un buen profesional «cortaría la llamada a los 10 segundos». Manuel Alonso Ferrezuelo cree que el maquinista no puede ser considerado una víctima más. «Hay una diferencia: él podía elegir; el resto no».
Después fue directo a la responsabilidad de Cortabitarte en el accidente. Según su visión de las pruebas, la responsabilidad del maquinista no limita la de Cortabitarte. «El accidente no se habría producido sin la imprudencia de uno y de otro», alegó, al tiempo que admitió que aún tiene en la cabeza la frase de Cortabitarte en el juicio, en la que decía que la línea era «cien por cien segura». «Si lo fuera, el accidente no habría ocurrido», razonó. Cree que la Abogacía del Estado y el ADIF tuvieron muy difícil encontrar técnicos que respaldaran ese «negacionismo», por eso tuvieron que buscarlos en el seno del administrador ferroviario.
El abogado que representa a la Plataforma recordó que Cortabitarte era la única persona que podía firmar el certificado de seguridad necesario para poner en servicio la línea. Y constató que no se hicieron análisis de riesgos para detectar el peligro que suponía la curva de Angrois. «Por más que busquemos no hay análisis de riesgos. Solo hay un mero trámite burocrático que nadie leyó. No había una evaluación independiente de seguridad en la zona del accidente a pesar de que era obligatorio». En este punto manifestó su discrepancia con la Fiscalía, pues sí cree que no se aplicó la normativa vigente, como demostró el cargo de la Agencia Ferroviaria de la UE, Christopher Carr. Cortabitarte y el ADIF fueron avisados del riesgo de exceso de velocidad, pero cree que lo trataron como burócratas más que como gestores de la seguridad, y su única intención era exportar los riesgos y las responsabilidades hacia otros ámbitos. La desconexión del ERTMS embarcado en Alvia, autorizada por Cortabitarte, es «otra acción delictiva» del cargo del ADIF que la jueza, Elena Fernández Currás, «debería tener en cuenta».
«Perro no come perro»
El letrado de la Plataforma restó importancia al criterio de la Fiscalía, porque en asuntos de Estado como este, «perro no come perro», dijo, ironizando sobre la coincidencia de argumentos con la Abogacía del Estado. En este sentido, pidió a la jueza una sentencia «ejemplarizante» para que de cara al futuro, en una empresa como el ADIF con múltiples departamentos, «si hay una persona que tiene una responsabilidad y no ha cumplido con ella, la Justicia, lenta pero segura, puede llegar hasta esa persona y condenarla». Un fallo condenatorio para ambos acusados, alegó, «sería importante para aliviar a las víctimas ese sufrimiento y rabia que tienen dentro por saber que este accidente era evitable».
El abogado de la otra acusación popular (Apafas), Javier González, cuestionó la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra Cortabitarte. «Solo la entendemos dentro del ámbito de jerarquización que ampara a la carrera fiscal», dijo. «Difícilmente el riesgo podía ser calificado como tolerable si no había sido evaluado», añadió. Y cuestionó la tesis del fiscal de que la única causa eficiente del accidente fue la llamada del interventor al maquinista.