El Gobierno compara la ley del litoral de Galicia con la ley de desconexión de Cataluña
GALICIA
Rueda responde que «a amnistía encaixa perfectamente na Constitución, pero unha lei para xestionar a nosa costa non».
11 oct 2023 . Actualizado a las 21:50 h.El Gobierno subrayó el martes, cuando anunció que presentará un recurso contra la ley del litoral gallega, que cumplirá con su obligación de «defender la Constitución», que afronta un «auténtico desafío» en Galicia. Esa es la postura del Ejecutivo que ayer volvió a comunicar Pedro Blanco, su delegado en Galicia, quien comparó la nueva ley del litoral de la Xunta con la llamada «ley de desconexión», la normativa ilegal que aprobó el Parlamento de Cataluña para separar esa comunidad del resto de España.
La primera en poner esa línea argumental sobre la mesa fue la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien el miércoles anunció que el Gobierno recurrirá 31 artículos de la ley autonómica porque invaden competencias estatales. Rodríguez también dijo que «es obligación del Gobierno velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia» y que «el Gobierno de España lo que hace es velar por el cumplimiento de la Constitución».
«Parece unha broma» que «coa que está caendo, o celo do Goberno de salvaguardar a Constitución se centre en Galicia», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de esas declaraciones.
Pero no lo era. El Ejecutivo subió el tono de la acusación a través de su delegado en Galicia. Blanco insistió en que «el Gobierno no puede hacer otra cosa más que cumplir con su obligación y defender la Constitución» y recomendó a Rueda que se «ponga a trabajar» y deje «de tirar balones fuera, hacia la investidura del presidente Sánchez». Es más, el delegado reprochó que los populares «de palabra dicen defender la Constitución, garantizar la igualdad de los españoles y preservar la integridad del estado, pero con los hechos hacen exactamente lo contrario».
La ley del litoral, añadió Blanco, «en cierto sentido es una ley de desconexión con el Estado en materia de costas, porque constituye un auténtico desafío a la Constitución y al reparto de competencias en esta materia». Cabe recordar que ya en enero el secretario de Estado de Medio Ambiente describió la normativa como «casi una declaración de independencia».
Rueda ironiza con la amnistía
Rueda no abandonó este miércoles la ironía y dijo que «a ameaza á integridade da Constitución é que unha comunidade quera xestionar o seu litoral, como están facendo outras». Añadió que, al parecer, «a amnistía encaixa perfectamente na Constitución, pero unha lei para xestionar a nosa costa non».
Pero el presidente también advirtió que la Xunta va a «defender» la ley, que fue redactada entre otros motivos para dar seguridad jurídica a las empresas del sector mar-industria, ante una «falta de respeto» del Gobierno «a todos os galegos», porque el Ejecutivo no convocó la comisión bilateral para negociar posibles cambios en la ley ni les ha dado aún el dictamen que concluye la supuesta inconstitucionalidad de la ley. La ha impugnado sin más, añadió, aunque fue aprobada en el Parlamento de Galicia sin votos en contra (BNG y PSdeG se abstuvieron) y con el visto bueno del Consello Consultivo, los letrados de la Xunta y un expresidente del Constitucional. «Pero segundo Moncloa está a punto de tumbar a Constitución. Non o cre ninguén» remachó Rueda.
Los preámbulos de las leyes
Pese al paralelismo que trata de trazar el Ejecutivo los dos textos son muy diferentes. La ley del litoral está sancionada por el rey, y su preámbulo empieza así: «La Constitución Española proclama, como principio rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo. En el caso del litoral, entendido como la franja de terreno en la que se encuentra el mar con la tierra, este derecho queda reforzado por la propia Constitución».
La ley de desconexión —oficialmente de «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república»— se aprobó pese a los informes de ilegalidad. Fue sancionada por Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat. El preámbulo de la ley dice: «Aunque la configuración definitiva del nuevo Estado corresponde a la Constitución que debe elaborar la Asamblea Constituyente y ratificar la ciudadanía, una vez proclamada la independencia de Cataluña es imprescindible dar forma jurídica, de forma transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo Estado».