Un 47,7 % está en manos de un variopinto grupo que en algunos casos ha recibido un ultimátum
27 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Las acciones del Celta se han convertido en un bien cotizado hasta el punto de que los accionistas minoritarios llevan meses recibiendo ofertas para que vendan sus títulos e incluso en los últimos tiempos se han sucedido las propuestas para hacer efectiva la operación. En concreto, existe una bolsa del 47,7 % ajena a Carlos Mouriño, que según la última auditoría controla el 52,2 del capital social.
Los movimientos para adquirir acciones de los grupos minoritarios comenzaron antes de la pasada primavera y en todos los casos que han trascendido el importe ofrecido por los títulos estaba por debajo del valor al que fueron compradas en su día. Los contactos entre los agentes y los propietarios de los títulos se han sucedido en el tiempo e incluso en algunos casos los hipotéticos vendedores han recibido un ultimátum, recordándoles que de llevarse a cabo la ampliación de capital comentada por Mouriño, los títulos perderían valor. Esta operación coincide en el tiempo con las fechas que ahora han trascendido sobre la negociación de la venta del paquete mayoritario del Celta a CITS.
El mapa de los «otros» propietarios del Celta resulta de lo más variopinto. Va desde el 8,3 % de los títulos de Play International BV (la empresa de representación del exfutbolista Diego Placente) a un número considerable de aficionados que se hicieron con un título en el momento de la emisión o más recientemente con la reventa de Fernando Sales. En medio, quedan otros futbolistas que en su día convirtieron deuda en acciones como pueden ser Contreras o Baiano, y que conjuntamente con Placente y otras empresas auxiliares montaron en su momento del denominado grupo sindicado, una especie de oposición organizada cuyo recorrido resultó bastante corto y que controla entorno al 13 % del capital.
A mayores aparecen otros paquetes accionariales entorno al 5 % como el de la familia Barros, con el actual vicepresidente del club a la cabeza, o el extinto Equipo Celeste, otra corriente de opinión que no terminó de cuajar en el tiempo.
Entre la información que ha trascendido sobre el proceso de venta aparece la exigencia del grupo chino de hacerse con el 90 % del capital social, algo literalmente imposible al contar la entidad con más de 15.000 accionistas (los últimos con títulos se repartieron con la venta de gran parte de los 200.000 euros convertidos en su día por Fernando Sales). Se calcula que esta bolsa puede controlar algo más de un 20 %, una cantidad imposible de adquirir teniendo en cuenta que reside en las manos del celtismo real, el de los aficionados que llevan toda una vida apoyando al equipo de sus amores.
Uno de los objetivos antes de consumarse la venta del Celta puede ser evitar que cualquier grupo cuente con el 5 % del accionario, ya que ese paquete da derecho a reclamar todo tipo de información y abre la puerta a la fiscalización de las decisiones de los nuevos rectores.
A mayores, hay que tener en cuenta la denominada prima de control presente en la mayoría de este tipo de operaciones, un premio económico en función del paquete accionarial (a nivel de porcentajes) que se traspase, aunque en el caso del conjunto celeste Mouriño tiene garantizados todos los pasos al contar con la mayoría absoluta.
Goma en el capital social
Desde su conversión en SAD el capital social del Celta ha pasado por cuatro estados. El capital fundacional, la ampliación de Horacio Gómez y Equipo Celeste, la conversión de deudas en acciones, que en el 2009 elevó la cifra a los 22,6 millones de euros y la posterior reducción de capital (a finales del mismo año) que dejó el capital en los 3,7 millones de euros actuales después de devaluar las acciones de 60 a 10 euros (un 83 % de depreciación).
Ahora se ha planteado la posibilidad de una nueva ampliación de capital en la que Carlos Mouriño podría convertir en acciones los 8,1 millones que en su día había prestado al club para asegurar su funcionamiento en los tiempos más difíciles. Una decisión que necesitaría ser aprobada en junta general.