Bruselas ignora las críticas e insiste en imponer sus cuotas de refugiados

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

YANNIS BEHRAKIS | Reuters

España deberá acoger a 4.280 demandantes de asilo en dos años

28 may 2015 . Actualizado a las 08:25 h.

De nada han servido las críticas de las últimas semanas contra el sistema de cuotas ideado por la Comisión Europea para aliviar la presión migratoria en Italia y Grecia. Bruselas no ha querido dar un paso atrás, como pedían algunos países de la UE. Lejos de descafeinar su propuesta, el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, exigió ayer a los Gobiernos más esfuerzos. «Es ahora cuando tiene que brillar la solidaridad», dijo.

El plan de Bruselas tira del artículo 78 de los Tratados para poner en marcha un programa para recolocar en la UE durante los próximos dos años a 40.000 demandantes de asilo procedentes de Italia (24.000) y Grecia (16.000), ante la situación excepcional e insostenible que viven estos países en la frontera sur de la Unión. Cada país recibirá 6.000 euros por cada persona que acoja. Todos los asilados beneficiarios del plan son de nacionalidad siria y eritrea. Solo el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca están exentos de participar.

La Comisión también solicita a los Veintiocho que participen en un programa voluntario de acogida paralela de 20.000 persona que ya tienen el estatuto de refugiados y que se encuentran en terceros países (la mayoría en campamentos en el Líbano y Jordania).

Para el reparto, Bruselas fija unas cuotas que tienen en cuenta cuatro criterios: población (40 %), PIB (40 %), paro (10 %) y asilados acogidos en los últimos cinco años (10 %). Con esos cálculos, España debería abrir sus puertas a algunos más de los que había previsto.

En total a 5.837: 4.288 del cupo obligatorio de los 40.000 (2.573 vendrán de Italia y 1.715, de Grecia) más otros 1.549 si acepta participar en el reparto, ya voluntario, de los 20.000.

¿Por qué razón? Bruselas subió a última hora la cuota de un 9,1% al 10,72 % del total. La maniobra no ha sentado bien al ministro de Exteriores, García-Margallo, que en las últimas semanas encabezó junto a su homólogo francés las hostilidades contra la iniciativa. «Solo acogeremos a los que les podamos ofrecer una vida digna», advirtió ayer al volver a criticar que no se tenga en cuenta la elevada tasa de desempleo en España. El ministro del Interior, Fernández Díaz, también reaccionó: «No resuelve el problema y puede provocar un efecto llamada». Además recordó que España alberga un volumen importante de población inmigrante. Avramopoulos pidió que no se confunda a los ciudadanos: «No hablamos de inmigración ilegal, hablamos de refugiados». La propuesta necesita una mayoría cualificada en el Consejo Europeo para ponerse en marcha.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, intenta mientras frenar el flujo de inmigrantes llegando a acuerdo con el primer ministro de Túnez, Habib Essid, y con el enviado del Gobierno libio, Nuri Betelman. La operación naval para destruir los barcos y bases de los traficantes de personas en Libia despierta el rechazo de los militares europeos y del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien trasladó su preocupación a Juncker: «Hay que salvar vidas. Las operaciones militares tienen una eficacia limitada».