La reforma constitucional de Hollande divide a Francia

Fernando Iturribarría PARÍS / COLPISA

INTERNACIONAL

CHARLES PLATIAU | Reuters

Duros debates sobre el estado de emergencia y la retirada de la nacionalidad

06 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Parlamento francés inició ayer el debate del proyecto de ley para constitucionalizar el estado de emergencia decretado tras los atentados yihadistas de noviembre, una iniciativa que divide tanto a la izquierda gobernante como a la oposición de centroderecha. El texto, que será votado el miércoles por la Asamblea Nacional, irá en marzo al Senado, con mayoría conservadora, y necesita ser refrendado con una redacción idéntica por los tres quintos de las dos cámaras reunidas en Congreso en Versalles, un requisito hoy por hoy de difícil cumplimiento.

El controvertido proyecto contiene dos artículos. El primero, más consensual, introduce el régimen de excepción en la Carta Magna. El segundo faculta la retirada de la nacionalidad francesa a los condenados por actos graves de terrorismo. La dimisión como ministra de Justicia de Christiane Taubira en disconformidad con la medida ilustra la hostilidad de los sectores más a la izquierda.

En defensa de la reforma, el primer ministro Manuel Valls afirmó que el estado de emergencia es «eficaz e indispensable para la seguridad de nuestros compatriotas». Reveló que uno de los registros sin aval judicial había permitido frustrar una de las once tentativas de atentado desbaratadas en Francia.

Creado en 1955 en plena guerra de Argelia, el estado de emergencia es anterior a la promulgación en 1958 de la Constitución de la vigente Quinta República. Desempolvado tras los ataques del 13N, los más graves de la historia francesa, el Gobierno ya ha oficializado su voluntad de prorrogarlo otro trimestre, hasta el 26 de mayo. Valls se mostró dispuesto a limitar la duración de las prórrogas a una duración máxima de cuatro meses, renovable, una petición de los centristas.

El primer ministro alegó que el Consejo de Estado había dictaminado en diciembre que abrir la posibilidad de privar a un francés de nacimiento de su nacionalidad requería una revisión constitucional. Adelantó que el Gobierno presentará una enmienda que inscribirá en la Constitución el principio de igualdad para aplicar la medida tanto a los nacidos en Francia como a los poseedores de la doble nacionalidad, que son ahora los únicos afectados.

«Inútil y peligrosa»

La retirada de la ciudadanía será una pena accesoria pronunciada de manera individualizada y no automática por los tribunales a los condenados por terrorismo. Además, París ratificará el convenio internacional de 1961 que restringe los casos de apátridas.

La exministra ecologista Cécile Duflot, líder del ala izquierdista de Los Verdes, fue la voz más vehemente contra la reforma. No solo dijo que era «inútil y peligrosa», sino que trajo a colación que «el último régimen que utilizó masivamente» el estado de emergencia fue el colaboracionista de Vichy».