La oposición, a la que el Gobierno prohíbe salir de Venezuela, habla de «golpe de Estado»
22 oct 2016 . Actualizado a las 11:44 h.«Esto es un golpe de Estado. Pido respeto a la voluntad del pueblo». La dura sentencia, que no es de un político, sino del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el arzobispo de la ciudad oriental de Cumaná, Diego Padrón, resume el sentir de buena parte del país sudamericano. «Acatando» una serie de sentencias judiciales de tribunales penales de cinco estados del país (gobernados por los miembros más duros del chavismo), el Consejo Nacional Electoral suspendió la recogida del 20 % de las firmas previstas para exigir el referendo contra el presidente Nicolás Maduro, que se efectuarían la semana que viene y en las que, según encuestas, participarían unos 13 millones de personas, el 70 % del censo electoral.
La decisión vino precedida de una serie de irregularidades, como que hayan sido tribunales penales (sin competencia en lo electoral) los que hayan realizado la suspensión. O que el CNE haya acatado unas sentencias que, con casi total seguridad, no han sido aún emitidas y selladas para su envío al ente electoral, como señala José Ignacio Hernández, uno de los abogados constitucionalistas más conocidos del país.
Diosdado Cabello, número dos del chavismo, advirtió en un mitin que «si la oposición sale a la calle en la calle nos encontrará, y si sale con armas nos encontrará con armas». Maduro, en cambio, no mencionó las sentencias antes de iniciar una gira internacional que apenas fue anunciada y que lo llevará, entre otros países, a Azerbaiyán y Rusia, «en defensa de los precios del petróleo». No tiene fecha de regreso el mandatario: «Vengo en unos días», afirmó desde las escalerillas del avión.
El comunicado del Consejo Electoral pareció tomar por sorpresa no solo a buena parte del chavismo, sino también a la oposición, que casi 24 horas después de la suspensión permanecía reunida y sin una opinión conjunta.
Quienes salieron a dar la cara por la Mesa de la Unidad Democrática fueron su secretario general, Jesús Torrealba, y el gobernador Henrique Capriles. Torrealba afirmó que «el régimen puede posponer el 20 %, pero no puede posponer su salida del poder», mientras Capriles afirmó que «el revocatorio se hará, si no es con votos, en la calle».
Sobre ambos, sin embargo, pesa una amenaza adicional, así como sobre otros dirigentes opositores. Al ser las sentencias de carácter penal, se les impuso una prohibición de salida del país y se les acusó de falso testimonio, fraude electoral y suministro de datos falsos.
Y la oposición señala además que la pretensión del PSUV, mediante estas sentencias, es la inhabilitación de la MUD, mediante la figura del supuesto fraude que se cometió al recoger el primer 1 % de las firmas, las cuales, por cierto, fueron validadas por el CNE. «Lo que ha sucedido es un fraude a la Constitución», señalaron los constitucionalistas.
La OEA exige la reacción de la comunidad internacional a favor de la democracia
Las últimas decisiones del chavismo no hacen más que reafirmar su aislamiento internacional. Sobre Venezuela penden la amenaza de expulsión de Mercosur (por violar el protocolo de Ushuaia, que establece el carácter democrático de los miembros del bloque regional) y también la de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, de la Organización de Estados Americanos, por la que ya hubo un primer acercamiento entre los países miembros, que se comprometieron a evaluar un informe que sobre la situación del país hizo hace cuatro meses el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.
Justamente, este reaccionó el viernes con una dura declaración: «Frente a la pérdida de la democracia en Venezuela, es hora de acciones concretas», indicó el excanciller uruguayo, quien agregó que «es hora de que el país deje de hablar con eufemismos en relación con el referendo revocatorio», y llamó a la comunidad internacional «a decir ‘sí me importa’ esta violación al derecho de elegir o revocar a un presidente en Venezuela».
Y aunque en Caracas figura como mediador un exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, otro exjefe de Gobierno, Felipe González, tuvo palabras fuertes hacia el mandatario venezolano. «Maduro practica la democracia solo cuando le conviene», dijo.
«Cómo es posible que la comunidad internacional no comprenda que para ese señor la democracia solo existe si le da la razón a ellos, si no, no hay democracia, qué manera de ver la democracia es esa», comentó. «Hay un deseo claro del presidente Maduro de evitar que el pueblo se manifieste en cualquier elección», concluyó.