Un año después de su estrepitosa derrota en las urnas, Nicolás Maduro Moros se mantiene en la presidencia del gobierno y ultima la versión venezolana del autogolpe de estado del 5 de abril de 1992 en Perú, que pasó a la historia como el «fujimorazo».
13 ene 2017 . Actualizado a las 22:53 h.Los líderes de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que el seis de diciembre de 2015 derrotó por goleada al chavismo en las elecciones legislativas, se habían comprometido solemnemente con la ciudadanía que en el plazo de seis meses iban a desalojar de la presidencia, por la vía democrática, a Nicolás Maduro, un personaje que en los dos años que entonces llevaba en el cargo había logrado agravar de forma ostentosa los efectos de la caída en picado de los precios del petróleo en la economía del país, lastrada por la nefasta gestión de su antecesor.
Pero pecaron de ingenuos o de exceso de optimismo. El actual inquilino del palacio presidencial de Miraflores, consciente de que si se sometía al referendo revocatorio, previsto en la propia constitución bolivariana, su derrota iba a ser aún más estrepitosa que la del seis de diciembre, inició una desenfrenada huida hacia adelante que tiene todos los visos de acabar en un autogolpe de estado. O lo que es lo mismo, la disolución del parlamento, el encarcelamiento de los opositores más molestos y el uso de la fuerza para reprimir cualquier conato de protesta popular.
Versión bolivariana
El referente para una actuación de este tipo sería el perpetrado por Alberto Fujimori en Perú el cinco de abril del 1992, pero en versión bolivariana. El fujimorazo original afectó también al poder judicial, pero en el caso de Venezuela lleva ya casi dos décadas al servicio del chavismo, hasta convertirse en la actualidad en el instrumento más útil para encarnar el autogolpe bajo la aparente cobertura formal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Otra diferencia sustancial entre el fujimorazo y el madurazo es que el primero contó inicialmente con el respaldo del 82 % de la población por el desprestigio del Parlamento y el segundo tiene el mismo porcentaje -como mínimo- pero en contra.
Lo más sorprendente del madurazo es que deja entrever que responde a una estrategia que supera con creces las luces del propio Maduro. Así, un somero repaso de los últimos acontecimientos vividos por el país permite sospechar que una medida tan espectacular y ruidosa como la repentina retirada de la circulación de los billetes de 100 bolívares no ha sido improvisada, sino que es una fase más de un plan más amplio que busca someter y amedrentar aún más a la población.
Comando antigolpista
A los pocos días Maduro se descolgaba con la enésima remodelación de su gobierno y el nombramiento como vicepresidente de Tareck El Aissami, hasta ahora gobernador del estado de Aragua, al que Capriles se refiere a él siempre como el narco de Aragua). La elección de El Aissami, de origen libanés y con doble nacionalidad, lo que teóricamente le inhabilita para ese cargo, es una clara apuesta de Maduro por el ala más radical del chavismo. Nada mas ser nombrado el pasado día cuatro de enero, Maduro le puso al frente del Comando antigolpista, integrado, entre otros, por Néstor Reverol, ministro del Interior y Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV y diputado del mismo partido. El principal nexo en común es que los tres están siendo investigados por la justicia estadounidense por su presunta vinculación en el narcotráfico y pueden ser detenidos en el momento que salgan del país.
La misión encomendada por Maduro al comando dirigido por la versión venezolana del Vladimir Montesinos de Fujimori es la de «vencer y acabar de una vez por todas con los remanentes del oligarca y derechista golpe de Estado».
El trabajo de este comando dio sus primeros frutos con la detención del general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Chávez, que ya había cumplido una condena de ocho años de prisión por una acusación de corrupción, cuando su delito real había sido oponerse al proceso de cubanización de Venezuela que su compadre pretendía legitimar con su reforma constitucional del año 2007, sometida a referendo ese año y que supuso su primera derrota en las urnas.
Además de la detención de Baduel, sospechoso ahora de liderar un sector de las Fuerzas Armadas contrario a la política de Maduro, fueron detenidos el diputado opositor Gilber Caro de Carabobo y los concejales José Luis González de Maracay, Romel Ángel Rubio de Maracaibo, el concejal Roniel Farias de Voluntad Popular en el municipio de Hares (Bolívar) e Irwing Roca, dirigente juvenil de Voluntad Popular en el mismo municipio, acusados por el ministro del Interior de «urdir un plan terrorista desestabilizador» al que también vincula a Lilian Tintori, la esposa del preso Leopoldo López.
Según Reverol, Baduel «mantenía reuniones conspirativas» y los otros detenidos tenían en su poder explosivos y armas de fuego. Por otra parte, Henrique Capriles, actual gobernador del Estado de Miranda, tiene seis procesos abiertos en la Contraloría General de la República por supuestas irregularidades administrativas y ya se han registrado varios intentos de implicarle en la corrupción de la empresa brasileira Odebrecht. De momento todo se está quedando en multas pero el ex candidato presidencial denuncia que son claras maniobras para inhabilitarle políticamente y que las relaciones del gobierno de Miranda con la multinacional brasileira de la corrupción son de la época de Diosdado.
La estrategia opositora
En este escenario la oposición agrupada en torno a la MUD, que insiste en no salirse de la vía institucional para derrocar a Maduro, cada día que pasa constata la inutilidad de su estrategia y se arrepiente más de haber tragado el anzuelo del supuesto diálogo que, hasta la fecha, solo ha servido para darle balones de oxígeno al inquilino de Miraflores.
Exprimiendo al máximo la vía parlamentaria, han debatido y aprobado la declaración en la que se exige el abandono del cargo por parte del actual presidente. Pero esto es algo que no va mas allá de un brindis al sol en un régimen donde la legalidad solo se toma en consideración cuando favorece al que ostenta el poder real.
Maduro ni se inmutó. Mientras se producía ese debate tuvo ocupada a la audiencia de todas las emisoras de radio y televisión públicas y privadas del país con la emisión en cadena de una de sus peroratas habituales. Al comando togado del TSJ le faltó tiempo para declarar nulo ese acuerdo alegando que la Asamblea Nacional sigue en situación de desacato por haber juramentado a los tres diputados del estado Amazonas cuya elección fue impugnada, a pesar de que, de hecho ya habían sido desincorporados. A Maduro le faltó tiempo para anunciar que su comparecencia anual ante el parlamento para presentar la memoria de su gestión, un año más la efectuará ante el TSJ no en sede parlamentaria.
El paso siguiente será, inevitablemente, la sentencia del Tribunal Supremo ordenando disolución de la Asamblea Nacional ¿Y luego nuevas elecciones? Eso está por ver, porque hasta el propio Maduro, que resultó no ser tan tonto como parecía, es consciente que en estos momentos no las gana ni aún resucitando a Chávez y a Bolívar.
La oposición no tira la toalla y ha convocado para el próximo día 23 una gran marcha hacia Miraflores.Si a los desnutridos venezolanos aún le quedasen fuerzas para salir a la calle para protestar, es de temer que el aparato que sustenta a Maduro, con Padrino López a la cabeza, usará la fuerza de forma contundente y si hay víctimas, como siempre, le echarán la culpa la oposición y al Imperio. Luego, ¡Dios dirá!