Antes de esta resolución del jueves asumiendo los poderes de la Asamblea, el TSJ emitió otra el martes en la que desposeía de su inmunidad a los diputados
01 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.En diciembre del 2015, pocas semanas después de que la oposición venezolana ganase las elecciones legislativas, Nicolás Maduro nombró a 13 de los 32 magistrados que forman el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Casi todos los otros habían sido ya seleccionados durante la era Chávez, pero Maduro quería asegurarse la lealtad de este órgano judicial, porque iba a convertirlo en su arma para anular la Asamblea Nacional. El siguiente paso fue hacer que estos jueces se blindasen con una sentencia según la cual la Asamblea Nacional, que tiene potestad para nombrar otros, no tendría la de destituirlos a ellos. A partir de ahí, el TSJ ha actuado como un muro ante el que se han estrellado todas las iniciativas del Parlamento. Ha emitido hasta veinticuatro sentencias anulando resoluciones de la Asamblea Nacional, desde la Ley de Amnistía hasta el Plan de Emergencia Económica. Aunque era evidente que el tribunal actuaba al dictado del Gobierno, todavía se podía discutir la legalidad de estas decisiones. Pero en octubre del año pasado fue mucho más allá al asumir la potestad de aprobar los presupuestos generales del Estado, una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional.
Retrospectivamente, podría parecer que fue un error por parte de la Asamblea Nacional el acreditar a los tres diputados del Amazonas cuya elección había sido impugnada, porque esa es la justificación que esgrime ahora el TSJ para declarar a la Asamblea «en desacato». Pero eso tiene poca importancia, porque está claro que el TSJ hubiese encontrado cualquier otro resquicio para suspender la Asamblea. El hecho objetivo es que el Tribunal Supremo actúa al dictado de Maduro y que su intención siempre fue impedir que el Parlamento electo pudiese legislar. Al asumir ahora todas las competencias de la Asamblea Nacional, el TSJ no hace sino oficializar lo que ya era un hecho: que en Venezuela ya no existe el poder legislativo.
Maduro ha elegido con cuidado el momento de asestar el golpe. La oposición está agotada por la campaña para lograr el referendo revocatorio, un esfuerzo loable -pero al final inútil- de lograr un cambio valiéndose de los cauces de la propia legalidad chavista. Mientras tanto, la mediación internacional ha permitido que Maduro ganase tiempo y ha dividido a los dirigentes opositores. Su capacidad de movilización, como pudo verse en enero, está mermada.
Pero Maduro puede ir más lejos todavía. Antes de esta resolución del jueves asumiendo los poderes de la Asamblea, el TSJ emitió otra el martes en la que desposeía de su inmunidad a los diputados, lo que apunta a una campaña de intimidación y detenciones de dirigentes de la oposición. Qué sucederá ahora es imposible de prever, pero una cosa está clara: Maduro no piensa abandonar el poder pacíficamente.