El culebrón político venezolano, que la pasada semana batió récords de audiencia con la escenificación de un autogolpe de estado que tuvo como protagonistas estelares a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y la Fiscal General, ya se ha cobrado las primeras victimas: un joven manifestante que murió Caracas de un disparo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un general de la Guardia Nacional en la reserva, que fue detenido por la policía política (SEBIN) tras allanar su casa y Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y ex candidato presidencial, que fue inhabilitado políticamente por 15 años.
08 abr 2017 . Actualizado a las 17:53 h.El clamor de la audiencia internacional -la nacional ya se conoce el guión de memoria- fue tal que Nicolás Maduro como director y el resto del equipo de producción del serial se apresuraron a activar el final B del capítulo y lo subtitularon con unos matices aclaratorios en los que pretendían despistar a los más crédulos y tranquilizar a los tontos útiles, pero las sentencias 157 y 158 del propio TSJ, supuestamente aclaratorias de la 155 y la 156, en las que le suprimían de un plumazo la inmunidad a los parlamentarios y se arrogaban las competencias que la Constitución Bolivariana reserva claramente al Parlamento, no convencieron a nadie, ni dentro ni fuera del país.
Una lectura pausada de las resoluciones adoptadas por una sala que de Constitucional solo tiene el nombre pone claramente de manifiesto que el fin último de este golpismo togado no era tanto neutralizar las competencias de una Asamblea Nacional a la que, de una u otra forma le venían usurpando sus funciones casi desde su constitución, acusándola de desacato, por negarse inicialmente -más tarde lo hicieron- a desposeer de sus cargos a los tres diputados que le otorgaban una mayoría súper cualificada que le da poderes excepcionales, sino tranquilizar al camarada Putin y así poder obtener liquidez para la asfixiada economía del gobierno de Maduro. Todo ello a cambio de incrementar su participación en el reparto de la golosa tarta de la Faja petrolera del Orinoco.
Ese apaño con los rusos tenía que ser refrendado ineludiblemente por el Parlamento, algo que, obviamente, la actual cámara legislativa venezolana no está dispuesta a hacer, porque los casi 4.000 millones de dólares que en su caso pudiera ingresar Venezuela por vender una parte de su participación mayoritaria en los yacimientos de Petropiar y Petomonagas a la petrolera rusa Rosnef no iban a ser destinados a resolver el gravísimo problema de desabastecimiento de productos de consumo básicos y medicamentos que padece el país.
El apaño con Putin
Como se trata de operaciones a medio y largo plazo que si no respetan la legalidad vigente pueden ser impugnadas en el futuro, no sólo por un gobierno de otro color, también por empresas de la competencia -en el caso de Petropiar la norteamericana Chevron es titular de un 30 %- parece que el camarada Putin se está mostrando un poco renuente, especialmente desde que la Corporación Andina de Fomento (CAF) se niega a darle más créditos a Maduro sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Ante esta tesitura, al genio de Miraflores, o tal vez a alguno de sus sesudos asesores de la órbita podemita, no se le ocurrió mejor idea que neutralizar también de Derecho a un poder legislativo que ya tenían inoporativo de hecho.
Asfixia económica
Era una jugada no exenta de riesgo, sobre todo en cuestión de imagen, pero si funcionase, le habría permitido respirar financieramente en un mes, el de abril, el del 15 aniversario de otro autogolpe -el del 11 de abril- que en su día sacó de un grave aprieto a un Chávez asfixiado por el paro petrolero. En este mes Maduro tiene que hacer frente a unos pagos de alrededor de 2.900 millones de dólares en intereses y vencimientos de deuda externa, específicamente en bonos de PDVSA.
Pagar puntualmente la deuda externa e interna que los expertos -los datos reales son secreto de Estado- estiman en unos 200.000 millones de dólares, una cifra equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) del país, ha sido siempre la obsesión prioritaria de un Maduro que tiene muy claro que la suspensión de pagos d PDVSA será su sentencia de muerte política.
El papel de la oposición
Hacer un papel digno como oposición con este guión no es tarea fácil, sobre todo cuando se quiere ejercer como oposición responsable. La semana post golpe la actividad de los líderes opositores se ha repartido, por un lado entre su trabajo institucional planteando en el Parlamento para tramitar la destitución de los magistrados golpistas, las instituciones internacionales, como la OEA y Mercosur en las que ya solo respaldan al madurismo reprentantes de países pesebristas como Bolivia, Nicaragua y algunas islas caribeñas que sobreviven de la generosidad energética del chavismo y, por otro, en la calle encabezando manifestaciones que están recibiendo un sorprendente apoyo de una ciudadanía cada día ve su futuro inmediato con más impotencia y pesimismo.
Frente al cada vez más contundente rechazo popular -hasta abuelas de 97 años han salido a la calle en silla de ruedas-, el madurismo no duda en utilizar la fuerza bruta, tanto de sus cuerpos policiales, fuertemente pertrechados por contundentes medios antidisturbios, como los parapoliciales de los colectivos armados.
Ya se han registrado víctimas mortales, además de numerosos heridos, tanto parlamentarios opositores como ciudadanos anónimos y un significativo número de detenidos.
Ganar tiempo
Cada día se ve más clara la estrategia del madurismo: ganar tiempo, desgastar a los líderes de la oposición y bombardear a la ciudadanía con un mensaje unívoco: «o nosotros o el caos». Todo ello sin dejar de hacer amagos de respeto a las formas democráticas mínimas.
Sabedores de que sin el veredicto de las urnas del que tanto presumieron en tiempos pasados no se puede hablar de democracia, dejan caer que el año que viene habrá elecciones -a gobernadores y/o presidenciales, pero siguiendo el modelo nicaragüense: con una oposición reducida a la mínima expresión posible.
La inhabilitación de Capriles
En esa línea hay que entender la reciente inhabilitación de Henrique Capriles por la Cotraluría General de la República, el empeño en mantener entre rejas a Leopoldo López -solo preso, no «preso político», según Zapatero- y el trato dado a formaciones como Un Nuevo Tiempo de Rosales y Acción Democrática en el reciente proceso de validación (criba) de partidos políticos, para guardar las apariencias.
¿Y el futuro?
Con este panorama tan poco alentador, los analistas más realistas de la realidad venezolana ven poco factible un proceso de transición democrática pacífico. Ese proceso tendría que pasar por la asunción real por parte de los militares del papel formal de guardianes de la legalidad constitucional y por una asunción por parte del PSUV, el partido del chavismo, de la alternancia democrática.
Hay varios datos que apuntan que unos y otros, mas partidarios de la cleptocracia que de la democracia, que han participado activamente en el saqueo de las arcas públicas venezolanas y en negocios ilícitos como el contrabando, el tráfico de drogas y de divisas, tienen mucho que perder si cae el régimen actual. Todo indica que solo con garantías de impunidad se animarían a retirar su apoyo a uno de los regímenes políticos más impresentables del siglo XXI. ¿Quién será el primero en ponerle el cascabel al gato?