«Es una traidora»: el chavismo arrecia la campaña de desprestigio contra la fiscal general de Venezuela
INTERNACIONAL
Luisa Ortega Díaz denunció la represión de las fuerzas del orden y llamó al uso proporcionado de la violencia por parte de las autoridades, en lo que marca una ruptura definitiva con el Gobierno
26 may 2017 . Actualizado a las 07:27 h.La oposición venezolana denunció que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, prohibió a las aerolíneas que operan en el país vender billetes a nueve dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, la mayoría de ellos diputados. La denuncia, realizada por el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, no ha sido desmentida por esta institución y surge luego de que a la opositora María Corina Machado se le impidiese coger un vuelo a Isla Margarita, incluso cuando tenía su pasaje ya comprado.
Desde el lunes, el Gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una ofensiva que busca aplastar las protestas que ya llevan 55 días, y que en la noche del miércoles se cobraron tres nuevas víctimas fatales: los jóvenes Alberto Pugas, de 22 años, asesinado en el decanato de la Universidad de Oriente de Ciudad Bolívar, al sur del país, y de Adrián Duque, de 24, en el marco de violentas manifestaciones que resultaron en la quema de dos sedes de organismos estatales en Maracaibo, Zulia. Una tercera persona, aún no identificada, fue asesinada en Socopó, Barinas, donde las autoridades no han podido controlar los disturbios y saqueos desde hace más de una semana. En el caso de Pugas, el diputado Américo De Grazia, del estado Bolívar, denunció con nombre y apellido a un ex funcionario policial; en los de Duque y el fallecido de Barinas, se acusa a la Guardia Nacional.
Son los muertos números 56, 57 y 58 en la ola de protestas, según el balance de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que el miércoles denunció la represión de las fuerzas del orden y llamó al uso proporcionado de la violencia por parte de las autoridades, en lo que marca una ruptura definitiva con el Gobierno, cuyos principales portavoces usaron la televisión estatal para calificarla de «traidora» y «contrarrevolucionaria». «Pido perdón por haber insistido en su ratificación en 2014», señaló el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien le exigió a Ortega «apartarse por no ser útil a la revolución». También (en una frase para enmarcar), dijo que «aquí habrá justicia, sea constitucional o no».
El Tribunal Supremo de Justicia, que había estado silencioso desde que emitió las dos sentencias que desataron la crisis institucional, y que Ortega calificó de «rompimiento del orden constitucional», volvió a la vida con ocho recursos de amparo contra otros tantos alcaldes, cinco del estado Miranda, aledaño a Caracas, y tres del estado Mérida. Los amparos exigen a los alcaldes contener las protestas e impedir los cierres viales, bajo la amenaza de prisión por desacato, mecanismo que ya se usó en 2014 para destituir y encarcelar por un año a dos ediles. Uno de ellos, Daniel Ceballos, de San Cristóbal, aún permanece preso bajo otros cargos impuestos cuando iba a vencer su sentencia. Los alcaldes involucrados se congregaron en una plaza del municipio de Chacao y dijeron que desacataran la sentencia.