El ultraizquierdista Castillo es el favorito en Perú, en una campaña que baja al barro

Pedro Castillo lidera todas las encuestas de intención de voto en Perú de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 6 de junio. El candidato ultraizquierdista supera ampliamente a la derechista autoritaria Keiko Fujimori, mientras se calienta una campaña que está demostrando las profundas diferencias entre el ámbito rural y el urbano en el país sudamericano.

Castillo obtendría un 41,5% de los votos, según una encuesta de la agencia IEP, publicada el pasado fin de semana. Supera a Fujimori, la hija del ex presidente autócrata —encarcelado por crímenes de lesa humanidad— en veinte puntos, cuando todavía existe un 13,5% de indecisos y ante un 21% de la población que ya habría decidido votar blanco o nulo.

Ambos candidatos se enfrentaron ayer en un debate, celebrado en la localidad norteña de Chota, de donde es oriundo el político socialista. El evento estuvo marcado por los ataques personales. Castillo, ataviado con un chándal con los colores de Perú, comenzó saludando a todos los trabajadores, con motivo del 1 de mayo. «Saludaría también a la señora Fujimori pero ignoro cómo ni dónde ha trabajado», añadió, marcando el tono del debate.

La candidata ultraderechista afeó, por su parte, a Castillo que «después de poner tantas excusas» tuviese que desplazarse ella a su su ciudad natal para debatir.

Ambos fueron acusados por los analistas de populismo. Los dos aseguraron estar hablando con la embajada rusa para conseguir la vacuna Sputnik V y señalaron la posibilidad de conseguir un suero peruano contra la pandemia. Castillo prometió destinar el 20% del PIB a Salud y Educación y la candidata ultraderechista construir 3.000 colegios y dar un bono a quienes hayan perdido un familiar por la pandemia.

Rechazada por la mayoría

Fujimori, que pidió no dar «un salto al abismo», habría recortado la distancia que le separa de Castillo hasta los diez puntos, según un sondeo publicado el viernes. La líder ultraderechista deberá, eso sí, superar el rechazo que produce en más de la mitad de la población, según sondeos, si quiere tener posibilidades de ganar. Sobre Fujimori pesa la sombra de los diez años de gobierno de su padre y también de la corrupción. La Fiscalía pide 30 años de prisión contra ella por lavado de activos y, además, ha sido acusada de maniobrar en el Congreso para evitar la investigación de su caso.

Castillo sabe que ese es el punto débil de su rival. En el debate destacó haber pedido una licencia en el colegio donde da clases para hacer campaña, y no un «permiso del poder judicial» como Fujimori. El proceso por lavado de activos no ha evitado que la mayor parte de la derecha y parte del centroderecha peruano la haya apoyado para evitar la conformación de un gobierno ultraizquierdista.

Castillo, por su parte, parece haber moderado, de forma sutil, su discurso, para llegar a un mayor número de personas. Ya no habla tanto de la necesidad de nacionalizar la industria extractiva —Perú es el tercer productor mundial de cobre— sino de revisar los contratos con las empresas que exploten los recursos naturales para que los mayores beneficios de la industria se queden en el país. «Bienvenida la inversión privada, extranjera, pero primero agendando los graves problemas que tenemos nosotros los peruanos», dijo esta semana. Castillo dijo querer brindar todas las garantías y estabilidad jurídica a los empresarios, pero, eso sí, alertó no estar dispuesto a permitir «que las grandes empresas sigan saqueando al país».

Parte importante de los peruanos rechazan a ambos candidatos, y emitirán su voto solo para que sea elegido «el mal menor». Muchos creen, eso sí, que el Congreso moderará a ambos candidatos, que no contarán con bancadas mayoritarias en el nuevo legislativo. La firma de inversión JP Morgan llegó a emitir una nota recientemente apuntando a la posibilidad de que el Congreso modere a Castillo.

Otros creen, además, que existen posibilidades de que el Legislativo destituya a quien gane las elecciones a medio plazo, como ha sucedido con los dos últimos presidentes, que perdieron su puesto tras ser acusados de «incapacidad moral» por casos de corrupción, una figura jurídica difusa, que podría ser esgrimida en otros supuestos.

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