Un hombre armado y con un chaleco antibalas intenta entrar en la sede del FBI en Cincinnati
INTERNACIONAL
Un día antes, el jefe del FBI denunció amenazas contra los agentes por la redada en la mansión de Trump
11 ago 2022 . Actualizado a las 20:39 h.A primera hora de este jueves, un hombre armado y ataviado con chaleco antibalas trató de entrar en la oficina del FBI en Cincinnati (Ohio). Después de saltar la alarma y ser detectado por los agentes especiales, el sujeto huyó en dirección a la interestatal 71. Las fuerzas del orden lo han cercado, pero todavía no han logrado detenerlo.
Se ha establecido un perímetro de seguridad y se ha pedido a quienes se encuentren en un radio de una milla que no salgan de sus casas. «El FBI, la Patrulla Vial del estado de Ohio y las autoridades locales están sobre el terreno cerca de Wilmington, Ohio, tratando de resolver este grave incidente», indicó el organismo en su breve comunicado.
En su huida, el sospechoso intercambió disparos con la Policía, según informó la Agencia de Emergencias del condado de Clinton.
Un día antes, el director del FBI, Christopher Wray, había mostrado su preocupación por la creciente presión y las amenazas lanzadas contra los miembros del Buró Federal de Investigaciones, a raíz de la polémica desatada por el registro en la mansión del expresidente Donald Trump. Wray, designado por el propio Trump en el 2017, dijo que siempre le preocupan las amenazas a los agentes y pidió respeto para su labor, en una comparecencia ante los medios en una visita el miércoles a Omaha, en el estado de Nebraska .
«La violencia contra fuerzas de la ley no es la respuesta, da igual por lo que se esté enfadado», señaló el jefe del FBI en su comparecencia del miércoles, en la que evitó dar ningún detalle o explicación sobre el operativo en el club Mar-a-Lago (Florida), alegando que la política del cuerpo es no hablar sobre los casos en marcha. Fuentes de los servicios de seguridad han asegurado que las amenazas van dirigidas no solo contra la cúpula del FBI, sino también contra agentes de a pie.
Wray ha afirmado que «siempre» está «preocupado» por las amenazas, que supuestamente han aumentado tras la redada. El propio expresidente ha denunciado una caza de brujas y numerosos republicanos han acusado directamente al FBI de servir como herramienta política de la Administración de Joe Biden.
«En los últimos años, hemos visto un aumento alarmante de la violencia contra las fuerzas de seguridad», ha reconocido el responsable de la institución, según ABC News.
Fuentes de los servicios de seguridad citados por esta cadena han asegurado que las amenazas han aumentado y van dirigidas no solo contra la cúpula del FBI, sino también contra agentes de a pie. También ha confirmado esta tendencia la Asociación de Agentes de las Fuerzas Federales (FLEOA, por sus siglas en inglés).
120 millones de dólares
La recaudación de 120 millones de dólares hace que Trump esté preparado para saltar de nuevo a la arena electoral. Si no ha hecho el anuncio ya es porque una vez que formalice su candidatura para los comicios del 2024 tendrá restricciones sobre el uso que da a los fondos electorales, informa la corresponsal de Colpisa.
El registro de su mansión le ha servido para recaudar más donaciones y movilizar a sus bases. La palabra «guerra civil» se disparó en las redes sociales tan pronto como informó a los medios de la «redada» que calificó de «allanamiento de la morada» de todos los «patriotas de América».
El Departamento de Justicia mantiene el hermetismo, pero las fuentes de los medios de EE.UU. aseguran que los Archivos Nacionales le pasaron el caso cuando supieron que entre el material que Trump se llevó de la Casa Blanca hay documentos clasificados que siguen sin aparecer. La oficina del expresidente devolvió 15 cajas en enero, pero no otros documentos esenciales que el FBI esperaba hallar en su mansión.
Las violaciones de la Ley de Documentos Presidenciales y las acusaciones de fraude bancario son la menor de las preocupaciones de Trump. La más importante está en Georgia, donde se le grabó intentando convencer al presidente de la Junta Electoral para que le «encuentre» 11.780 votos con los que cambiar el resultado de las elecciones. Podría ser condenado a cinco años de prisión e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.