Maduro expulsa al personal de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
INTERNACIONAL
La decisión parece estar relacionada con la defensa del organismo a la activista hispano venezolana Rocío San Miguel
16 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que se instaló en el país en el 2019 como parte de las negociaciones entre el mandatario venezolano y la entonces alta comisionada, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Los trabajadores del organismo quedan expulsados «hasta que rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas», expresó un comunicado suscrito por el ministro de Exteriores Yvan Gil.
Tras la decisión parecen estar las declaraciones del austríaco Volker Turk, actual alto comisionado de derechos humanos de la ONU, quien el 13 de febrero manifestó su «extraordinaria preocupación» por la detención de la activista hispano venezolana Rocío San Miguel, acusada por el Gobierno de Maduro de participar en un supuesto complot para asesinarlo.
Gil señaló a la Oficina por «procurar constantemente dejar impunes a las personas involucradas en intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía de Venezuela», y dio un plazo de 72 horas a los miembros de la misión para que abandonen el país. El canciller advirtió de que realizará una revisión integral de los términos de cooperación con «esta oficina que se mantiene impávida ante el asesinato de 10.000 niños palestinos».
La mejor defensa
También el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, acusó a la oenegés que defienden a San Miguel de ser indiferentes ante el conflicto de la Franja de Gaza, en una asociación que parece buscar simpatías internacionales hacia la revolución bolivariana.
Mientras, en Caracas, la policía política allanó la vivienda de San Miguel, y se incautó de mapas y libros de la activista. Sus abogados siguen sosteniendo que no han tenido acceso a la detenida, y que no saben en qué centro de reclusión se encuentra, aunque se presume que dado que el allanamiento a su casa lo protagonizó la Dirección de Contrainteligencia Militar, está en esa dependencia del Ministerio de Defensa.