La piscina cerrará hasta febrero si se espera a la liquidación de la empresa
LEMOS
El PSOE pide la rescisión inmediata del contrato para evitar el paro
22 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La piscina municipal podría permanecer cerrada al menos hasta febrero del próximo año si prospera la solución que el alcalde ve más viable tras la entrada del Grupo Pazos en concurso de acreedores. Después de escuchar al administrador concursal y a los asesores jurídicos del Ayuntamiento, Severino Rodríguez considera que la alternativa menos arriesgada es aguardar a la liquidación de la empresa concesionaria, que hasta la fecha no presentó ningún plan de viabilidad. Este trámite podría ser resuelto por el administrador judicial a lo largo del mes de diciembre, pero en ese supuesto haría falta al menos un mes para adjudicar de nuevo la gestión de las instalaciones.
La cuenta atrás para encontrar una salida al problema comenzó a correr ayer, cuando se formalizó la convocatoria de huelga indefinida desde el día 1 de noviembre. Los trabajadores, a los que la empresa adeuda los salarios de los cuatro últimos meses, no están dispuestos a seguir trabajando sin cobrar. Para evitar que se consume el cierre de la piscina, el PSOE anunció que propondrá el lunes en el pleno que se anule el contrato con el Grupo Pazos y que el Ayuntamiento gestione las instalaciones a través de otra empresa mientras se resuelve un nuevo concurso.
Todo menos esperar
El portavoz socialista, que ayer mantuvo una reunión con los trabajadores de la piscina, coincide con el alcalde en que lo ideal sería gestionar una cesión del contrato por parte del Grupo Pazos y encontrar una nueva empresa que se hiciese cargo de la plantilla y de las posibles deudas. «É a alternativa máis sinxela, pero tamén a máis improbable», señala Tomé. «Estamos ante unha situación da que ninguén é culpable, pero o que non se pode é esperar a que as cousas se solucionen sen facer nada», añade del concejal del PSOE.
Por lo que no pasa este partido, destaca su portavoz, es por un cierre de las instalaciones de A Pinguela que podría durar «tres ou máis meses». «Hai solucións que poden ter custe económico cero, pero que implican un custe social moi elevado que non estamos dispostos a aceptar», recalca Tomé. Por ello, propondrá en el pleno que el Ayuntamiento se acoja en el conflicto de la piscina municipal a la ley de contratos del Estado, que abre la puerta a una rescisión unilateral cuando la concesionaria entra en concurso de acreedores.
La iniciativa del PSOE plantea dos posibilidades tras la rescisión del contrato con el Grupo Pazos. Cabría la posibilidad, por un lado, de negociar con una empresa que se haga cargo de las instalaciones, sin prescindir de la actual plantilla, hasta que se formalice una nueva concesión. Otra alternativa sería, desde la óptica de este grupo, que los propios trabajadores se constituyesen en comunidad de bienes para ponerse al frente de las instalaciones con carácter extraordinario y de forma provisional.
Nóminas y deudas
En cualquiera de estos supuestos, señala Tomé, «o Concello tería que pagar as nóminas e os gastos a provedores pendentes relacionados coa piscina». El portavoz socialista argumenta, a favor de la rescisión del contrato, que las arcas municipales disponen en estos momentos de remanentes de tesorería. «O Concello ten que pagar 11.000 euros cada catro meses polo contrato co Grupo Pazos, que agora ingresa Facenda para cubrir a débeda da empresa. Unha vez resolto o contrato, xa non habería que pagalos», sostiene Tomé.