Los técnicos municipales creen que dejar las diferencias a cero es un buen acuerdo
29 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde no las tenía todas consigo cuando se abrió la negociación con Aqualia. «Non sei como acabará, pero non se pode seguir como estamos», dijo entonces. Se refería al efecto bola de nieve de la deuda acumulada por la no actualización del IPC en los recibos del agua. La última estimación, verificada por la interventora y el secretario, cifra en 1,7 millones de euros la cantidad que dejó de ingresar la empresa por ese concepto desde el 2003. Suficiente para eximir a la concesionaria de las inversiones pendientes y dejar al Ayuntamiento en números rojos. Un final «lamentable» en palabras de Tome, que carga contra sus predecesores. «Manipularon a información e agora ímolo ter que pagar os demais», afirma.
Las cuentas supervisadas por los técnicos municipales, de las que fueron informados ayer cumplidamente los portavoces políticos, ponen de manifiesto que es el Ayuntamiento el que está en deuda con Aqualia. Tendría que abonarle concretamente algo más de 44.000 euros. La diferencia entre las inversiones pendientes y el IPC que no se revisó en los recibos y que tenía derecho a percibir la empresa.
«Entre o IPC non actualizado e as obras que aceptaron [como inversiones realizadas por la empresa] indebidamente, o goberno do BNG dilapidou o diñeiro que tiña que gastar Aqualia», sostiene Tomé. El informe de los técnicos tiene, a su juicio, un lado negativo y otro quizás no bueno pero al menos no tan malo. Lo peor del asunto, destaca el alcalde, es que según los técnicos «temos máis débeda o Concello que a empresa». Pero al menos, añade en clave positiva, «remata unha gran mentira e os veciños van saber a verdade».
Ni sí, ni no
La realidad, por lo que parece, es que las cuentas que echó el anterior equipo de gobierno no eran correctas y se duplicó erróneamente el cómputo de las inversiones pendientes de Aqualia. Así las cosas, los técnicos municipales presentes en la reunión con los portavoces coincidieron en señalar que el borrón y cuenta nueva que plantea Aqualia es una «buena oferta». De momento, el alcalde y los representantes de los demás grupos acordaron darse un plazo de quince días para estudiar más a fondo la documentación con los resultados de las negociaciones de los últimos meses.
«Ninguén dixo nin que si nin que non» señala Tomé, que por ahora no ve «urxencia» en responder a Aqualia. Ni la empresa recurrirá a la vía de lo contencioso ni se tocarán los recibos del agua mientras no haya una decisión en firme. «Non é un tema sinxelo, pero os tres técnicos din que é unha boa proposta de acordo», señala el alcalde. En la reunión estuvieron presentes el secretario, la interventora y la técnica de servicios. El informe que debatieron los políticos recoge sus valoraciones y documentación de la empresa.
PP y Esperta Monforte discrepan del cálculo de las inversiones pendientes
Las alusiones a la aceptación «indebida» de inversiones de Aqualia por el anterior equipo de gobierno se deben a la forma en que esas obras recibieron visto bueno. «Foron feitas de forma cando menos irregular, porque non pasaron polo órgano correspondente que era o pleno», dice el alcalde. Esas cantidades suman algo más de 700.000 euros y fueron aprobadas en junta de gobierno durante el último mandato de Severino Rodríguez. Tomé, por su parte, insiste en que el posible acuerdo que ahora está sobre la mesa no es una iniciativa de la alcaldía. «Non hai unha proposta política, senón as conclusións dos técnicos», puntualiza.
Las cuentas que recoge el documento no convencen, en todo caso, ni al Partido Popular ni a Esperta Monforte. La portavoz de esta última formación, Maribel García, sugirió en la reunión de ayer la conveniencia de solicitar la opinión de una consultora externa. Tomé, sin embargo, descarta esta posibilidad por los costes y por el tiempo que supondría examinar de nuevo toda la documentación.
Mucho cuidado
El PP también ve «insuficiente» el análisis que recoge el informe en lo relativo a las inversiones de Aqualia. «Lo que se nos plantea es el acuerdo que está dispuesto a firmar la empresa y nosotros no compartimos esa cuantificación», apunta Julia Rodríguez. «El anterior equipo de gobierno no defendió los intereses de Monforte en este asunto, más bien todo lo contrario. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos para evitar un mal acuerdo», subraya la concejala.