La concesión de la ayuda a domicilio será recurrida si no se revisa el precio
LEMOS
Las trabajadoras protestan en el pleno contra la precarización del servicio
28 feb 2017 . Actualizado a las 14:21 h.La CIG recurrirá la concesión de la ayuda en el hogar si no se revisa el pliego de condiciones con la participación de una delegada de la plantilla. Las trabajadoras de ese servicio municipal exteriorizaron ayer en el pleno su rechazo a un concurso en el que ven una precarización encubierta de sus condiciones laborales. Los equipos jurídicos del sindicato nacionalista, al que corresponde la representación del cien por cien del personal, redactan el recurso a la espera de una contestación del gobierno local.
El anuncio de licitación fue publicado el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia y establece la fecha del 20 de marzo como límite para la presentación de ofertas por las empresas. Las condiciones del concurso, sin embargo, se dieron a conocer con anterioridad. Las hizo públicas el Ayuntamiento a través del perfil del contratante de su página web el 6 de febrero. Ocho días después, la CIG denunciaba que el equipo de gobierno pretendía contratar el servicio por menos dinero del que cuesta.
Entre la publicación del pliego de condiciones en la web municipal y esa protesta, el sindicato negoció con la concejala de Servizos Sociais, Gloria Prada, una revisión conjunta de las bases del concurso. El equipo de gobierno no se prestó a ello, de ahí que la CIG solicitase a sus servicios jurídicos la preparación de un recurso. Si los responsables municipales siguen cerrados en banda, impugnará la concesión.
Tanto la concejala de Servizos Sociais como el alcalde defienden que el pliego fue elaborado por los técnicos de intervención y que sus cálculos son correctos. «Na teoría poden estar ben, pero a realidade é outra», replica el responsable comarcal de la CIG, Xosé Manuel Silva. Tampoco comparte la lectura que hace de sus quejas Gloria Prada, según la cual las trabajadoras temen en realidad que se pueda llevar la concesión una empresa distinta de la actual. «A nós dános exactamente igual unha empresa que outra, o que queremos é que non se perdan máis dereitos laborais», dice Silva.
La concejala entiende que en los dos últimos años, en los que el servicio estuvo a cargo de la firma Fepas, las condiciones laborales mejoraron de forma significativa, tras la conflictividad que caracterizó la gestión de la anterior concesionaria. En esa etapa, subraya el delegado de la CIG, «nin se aplicaba o convenio nin nada». «Coa actual empresa houbo negociacións e a día de hoxe, máis ou menos, estase a cumprir», añade.
Silva no comparte el argumento municipal de que si los términos de la concesión servían antes también deben hacerlo ahora. «Unha cousa é que fose así e outra moi distinta que estivese ben. Ata hai pouco nin sequera se actualizaran os salarios o IPC dos últimos anos», advierte. Hasta que Fepes se hizo cargo del servicio no existían delegados de personal entre la plantilla de ayuda a domicilio, integrada por 52 trabajadoras.
El alcalde anima a la plantilla a acudir al juzgado de lo social si la empresa incumple
La pancarta que desplegaron las trabajadoras de la ayuda a domicilio al comienzo del pleno de ayer fue una primera medida de protesta. «Participaron as traballadoras que estaban libres nese momento. O comezo do pleno coincide coa hora da cea, que é hora punta na axuda a domicilio», explica Xosé Manuel Silva. La CIG quiso airear así el empeoramiento de las condiciones laborales que a su juicio traería consigo la nueva concesión. Pero a medio plazo se plantea un objetivo más ambicioso. «A xestión do servizo ten que volver a ser municipal», señala el responsable comarcal del sindicato.
La privatización de la ayuda domiciliaria fue aprobada en el año 2005, cuando el BNG gobernaba el Ayuntamiento coaligado con los socialistas. El personal fue subrogado entonces por la empresa que se hizo con el contrato, aunque a costa de perder la antigüedad que tenía acumulada en el desempeño de esas funciones. «Había mulleres que levaban moitos anos traballando. Dende entón fóronse perdendo dereitos», apunta Silva.
Por su parte, el alcalde también se pronunció ayer públicamente sobre el conflicto suscitado por la nueva concesión de la ayuda domiciliaria. Tomé afirmó que sería «moi grave» que la empresa incumpliese el convenio, pero de darse este supuesto entiende que es un problema que deben resolver los trabajadores «no xulgado do social». «As relacións laborais do persoal da axuda no fogar son coa empresa, non co Concello», precisa.