El alcalde ofrece un terreno a la Xunta para que abra una de sus centros infantiles
07 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El presente curso escolar marcó récords en la lista de espera de la guardería municipal. En los meses previos a su apertura, se presentaron treinta solicitudes por encima de las plazas disponibles. Con vistas al que comenzará en septiembre próximo, son cuarenta las familias que no podrán matricular a sus hijos en la única escuela infantil pública de Monforte. El Ayuntamiento pidió a la Xunta la concesión de un centro de A Galiña Azul, que en la zona sur de Lugo tienen Chantada, Pantón, Quiroga y Taboada. Nueve meses después, la petición sigue sin tener respuesta.
El alcalde, José Tomé, expuso el problema de la escasez de plazas públicas de guardería al conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, en una entrevista que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. «Sendo cabeceira de comarca, o lóxico é que entremos na rede da Galiña Azul. Así llo pedimos ao conselleiro, que dixo que ía mirar esa posibilidade», dice Tomé. El Ayuntamiento está dispuesto, según detalla, a ceder un terreno a la Xunta para que Monforte disponga de ese centro.
La reunión con el conselleiro se celebró poco después de la apertura del pasado curso, cuando treinta familias se habían quedado sin poder matricular a sus hijos en la guardería municipal. El próximo habrá cuarenta sin plaza en esta escuela infantil pública, veintitrés con niños de entre uno y dos años, y diecisiete de entre dos y tres años. Para los padres la opción es acudir a los dos centros de carácter privado que funcionan en Monforte o buscar acomodo a sus hijos en algún municipio vecino.
Otro curso garantizado
En la entrevista que mantuvieron a finales del pasado año, Tomé pidió a Rey Varela que la consellería garantizase al menos el funcionamiento de la escuela infantil de la desaparecida Caixa Galicia, ahora gestionada por una empresa a la que Abanca alquiló las instalaciones. La Xunta forma parte de la fundación que tutela este centro, que en los últimos años estuvo a punto de cerrar en varias ocasiones. Política Social confirmó al alcalde que al menos este curso la actividad de la guardería de la calle Eduardo Pondal está garantizada.
Las familias que se vean obligadas a acudir a un centro privado para matricular a sus hijos menores de tres años tienen derecho a reclamar a la Xunta que subvencione la diferencia de precio con la guardería pública. También se reserva una partida en los presupuestos municipales con ese misma finalidad. «O que non pode é haber duplicidade neses ingresos, pero as familias poden estar seguras de que ninguén vai estar sen cobertura no caso de quedar sen praza na gardería municipal», afirma el alcalde.
Una compra inasumible y una ampliación inviable sin plan de urbanismo
La guardería municipal ofrece el próximo curso un total de 38 plazas para niños de menos de tres años. En su actual ubicación, la oferta de matrícula está condicionada por el reducido tamaño de las instalaciones. Y no es un problema fácil de resolver, al menos a medio plazo. Sin plan general de ordenación, el Ayuntamiento sostiene que tiene las manos atadas para realizar modificaciones urbanísticas en la zona donde está ubicada. Ese es el motivo por el que los accesos siguen sin disponer de aceras a estas alturas.
El plan general está paralizado y no hay visos de que vaya a retomarse por un tiempo. Si a esto se le añade los años que puede durar su tramitación, la reforma de las instalaciones de la guardería parece una opción poco consistente. El Ayuntamiento sondeó la posibilidad de hacerse con las instalaciones de la escuela infantil de la antigua Caixa Galicia, pero esta alternativa tampoco parece viable. Abanca pide, según el alcalde, 800.000 euros por las instalaciones de la calle Eduardo Pondal.
Costes muy elevados
La disponibilidad de algún edificio municipal con características adecuadas para albergar una guardería allanaría el camino para que Política Social incluya a Monforte en la red de centro de A Galiña Azul. Pero el alcalde considera más factible ceder un terreno propiedad del Ayuntamiento. «Mercar un edificio novo ou acometer unha rehabilitación implica custes que o Concello non pode asumir, máxime cando se trata dunha competencia autonómica», dice Tomé.