Cacharro resalta que fue él quien solicitó comparecer ante el Supremo

Lucía R. Insua LUGO

LUGO

CORRAL

La junta de gobierno de la Diputación aprobó más de cuatro millones de euros para obras El aún presidente provincial prestará declaración el lunes como imputado por el caso de las dietas

15 jun 2007 . Actualizado a las 07:00 h.

Sobrado. Ése es el estado en que se encuentra, o al menos el que quiere aparentar, el todavía presidente provincial, Francisco Cacharro Pardo, ante la comparecencia que afrontará el lunes en el Tribunal Supremo, adonde acudirá para declarar como imputado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. «La he pedido yo para aclarar todo lo implícito en ese intento de imputación que me había hecho el fiscal», precisó Cacharro en la rueda de prensa habitual de los viernes. Aunque confirmó que irá con un abogado -«es obligatorio, salvo que el afectado sea letrado», indicó-, el dirigente provincial evitó profundizar en un asunto que en último caso podría acabar sentándolo en el banquillo de los acusados. Para ello, el instructor de la causa, Julián Sánchez Melgar, debe apreciar indicios de culpabilidad en las explicaciones que dé Cacharro sobre el presunto pago de dietas irregular a varios diputados de la institución; y posteriormente, solicitar el suplicatorio del senador lucense, puesto que su condición de aforado hace imprescindible que el Senado autorice el trámite. Cacharro atendió a los medios de comunicación tras la que probablemente fue una de sus últimas juntas de gobierno. Lo más destacado es el importe total de los expedientes de contratación de obras aprobados, que asciende a 4.216.886 y viene a sumarse a las cantidades millonarias aprobadas en las últimas semanas. En ese capítulo sobresale la dotación de cubierta para el campo de fútbol de Castro de Rei y la contratación de la ejecución de un centro deportivo con piscina climatizada en A Pastoriza. En el apartado de publicaciones se aprobó la impresión de la obra titulada Entre laurel florido . Asimismo, el gobierno provincial dio el visto bueno al precio público correspondiente a la venta de productos adquiridos a artesanos por parte del Centro de Artesanía y Diseño, del Inludes.