La plaza de fiscal jefe no se convocará con carácter urgente

Dolores Cela Castro
dolores cela LUGO / LA VOZ

LUGO

OSCAR CELA

Begué será enterrado hoy en Huesca y en Lugo preparan un funeral

27 nov 2014 . Actualizado a las 07:39 h.

La Fiscalía no convocará la plaza de fiscal jefe con carácter urgente ni tampoco reforzará a la plantilla de Lugo hasta que se nombre el sustituto de Juan José Begué, que será enterrado hoy en Huesca, porque no lo considera necesario. El procedimiento seguirá los trámites previstos para estos casos y los asuntos de los que se encargaba directamente Begué Lezaun serán repartidos entre los 17 profesionales que prestan sus servicios en la provincia, según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Galicia. De la coordinación se encargará el teniente fiscal, Jesús Álvarez, que ya asumió esta función por temporadas prolongadas en los últimos años, entre los diferentes nombramientos.

La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de la funeraria Bernues, de la calle Fraga, 11, de Huesca. Tiene servicio de condolencias a través de Internet. Permanecerá abierta hasta hoy, a las 11.45 de la mañana.

Funerales en Lugo y A Coruña

En la capital lucense y en A Coruña están organizando sendos actos religiosos en memoria de Begué, que falleció a los 44 años. Ayer al mediodía se desconocían detalles del funeral porque esperaban a que recibiera sepultura en su localidad natal y a que regresara su familia a Galicia.

El fiscal jefe, que se encargada de los asuntos más difíciles o de especial trascendencia, tenía señalada para esta mañana su comparecencia como acusación pública en un juicio por tráfico de drogas, en la Audiencia Provincial. Se hizo cargo de este caso para sustituir a una compañera, de baja por maternidad. El próximo día 4 tenía asignados otro que él mismo había calificado, también por tráfico de drogas, de mayor complejidad que el anterior.

Juan José Begué llegó a Lugo el 24 de julio del año 2013 para hacerse cargo de la fiscalía provincial, cuando ya estaban en marcha todas las macrooperaciones judiciales que se están investigando en Lugo. La operación Pokémon no la llevó directamente. La supervisaba porque el fiscal encargado del caso y el que asiste a las declaraciones es el teniente fiscal, Jesús Álvarez.

Casos relevantes

El oscense asumió directamente la operación Muralla, en la que había participado activamente uno de sus antecesores, Jesús Izaguirre, al que sucedió Jacinto Fernández Villalvilla, en cuya etapa estuvo parado el caso, que posteriormente le traspasaron a Javier Rey Ozores.

A su llegada a Lugo, Begué Lezaun también se hizo cargo directamente de otra de las operaciones mediáticas, en este caso la Campeón, con Jorge Dorribo, como principal imputado, que ya está calificada y pendiente de juicio.

Begué tuvo protagonismo en las actuaciones abiertas a raíz de la detención del violador del estilete, después de que quedara en libertad al ser el primero que volvió a delinquir tras serle aplicada la sentencia europea sobre la doctrina Parot. El fiscal jefe apoyó el ingreso en prisión de Félix Vidal Anido, cuando fue detenido tras su excarcelación por un incidente en un domicilio en Fingoi y posteriormente pidió la pena máxima para el violador, que fue finalmente condenado a 21 meses de prisión por coacciones.

Ejerció como ministerio público en el juicio con jurado del crimen de Burgás.

El juicio de la Operación Muralla, que fue suspendido en una ocasión por el ingreso hospitalario de uno de sus principales imputados, el expresidente de la Diputación, Francisco Cacharro, ya tiene nueva fecha. Está señalado para los días 3, 4 y 5 del mes de febrero del próximo año.

El fiscal formuló acusación contra Cacharro; contra José Manuel Romay López, el que fuera ingeniero jefe del servicio de vías y obras y contra José Enrique Cacicedo, socio de la empresa que supuestamente se benefició de la adjudicación de decenas de contratos de la institución provincial. Los tres están acusados de un delito continuado de prevaricación y de otro de fraude a la administración, por el que les pide tres años de cárcel y diez de inhabilitación. Alternativamente está calificado de fraude a la administración.