PP, PSOE y BNG piden que los ayuntamientos sin deudas puedan gastar remanentes
26 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Un ejemplo de que el traje de una ley no tiene porqué sentarle igual a todos sus ciudadanos lo constatan las sucesivas normas del Gobierno en relación al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria con el fin de cumplir con el déficit público, tal y como marca la Unión Europea. Eran tiempos de crisis y recortes. Han pasado los años y mientras Estado y comunidades autónomas sistemáticamente incumplen el déficit, numerosos concellos han conseguido sanear sus cuentas, pagar sus deudas y alcanzar superávit, pero con la imposibilidad de poder gastarlo.
En el pleno de la Diputación celebrado ayer, una moción del PSOE, apoyada por el PP y el BNG, ponía a la luz la situación en la que están hasta 26 concellos de la provincia, que a datos estimados de mayo del 2016 disponen de 24,5 millones de euros que no se les permite invertir.
«Non ten sentido que os remanentes estén parados, impiden reactivar a economía, penalizan aos concellos que fixeron un bo traballo e que agora teñen cartos no banco, sen crear xuros, e sen poder usalos cartos para mellorar os servizos públicos dos cidadáns», lamentaba el presidente provincial, Darío Campos.
Desde las filas populares, el diputado Demetrio Salgueiro recordó que la ley de racionalización nació en una época de crisis pero que los concellos pequeños «son os que máis cumpren e presentan un elevado grao de superávit e a súa reinversión sería positiva para a creación de emprego e para a súa economía».
El Gobierno, ante las quejas desde la Fegamp y la Femp, permitió en el 2014 que aquellas instituciones que una vez hayan saldado sus deudas tengan superávit puedan hacer inversiones «financieramente sostenibles». La diputada de Economía, Mayra García, apuntó que las excepciones eran insuficientes: «Para os alcaldes é difícil explicar aos seus veciños que tendo cartos, non poden gastar en servizos sociais ou en facer unha gardería, pero en cambio si para gastar en parques e xardíns». En este sentido, la moción apoyada por unanimidad, además de pedir al Gobierno que permita la reinversión del superávit de los concellos en lo que estimen oportuno, quieren que tenga un reflejo normativo «coa maior celeridade posible». Y es que, como indicó la alcaldesa de Trabada, aunque un concello quiera invertir el dinero en «gastos sostenibles» hoy no puede hacerlo ya que los presupuestos del Estado están sin aprobar.
Plan único y plan de la Xunta
Si el Gobierno no permite la reinversión de unos 24,5 millones, el debate plenario también se enfrascó acerca de si finalmente se invertirán 20 o menos millones en el plan único de la Diputación. Los populares sacaron adelante una moción con el apoyo del BNG para pedir al gobierno provincial que garantice que el plan será como mínimo de 20 millones. Campos quiso zanjar la discusión: «Non teñen porque dubidar da miña palabra, van a ser 20 millóns». La portavoz del PP, Elena Candia, le afeó que si son 20 millones no apoyase la moción.
Pero el debate del plan único volvió al pleno con la propuesta el PSOE para que la Xunta constituya un fondo de participación de los concellos en los ingresos autonómicos, que se repartirían luego con los mismos criterios objetivos que se aplican para el plan único. En este caso, el PP votó en contra de la propuesta señalando que desde hace más de 20 años «está regulada a creación dun fondo específico». Desde el PSOE, Mayra García puso sobre la mesa subvenciones por parte de la Xunta por importe de unos 10 millones a 23 concellos gobernados por el PP a menos de dos meses de las elecciones autonómicas o cómo el Gobierno solo aporta fondos a un concello de la provincia, el de Mondoñedo.