Protestar en los bares es tan castizo como la tortilla de patatas. Sin embargo es una práctica que, por sí misma, no soluciona nada. La ciudadanía tiene que tomar el control y pelear con las armas que el Estado de Derecho otorga, siendo una de esas herramientas el acceso a la Fiscalía. Cualquiera puede presentar un escrito que ponga en conocimiento de ese organismo hechos que cree que pueden ser delictivos y el ministerio público considerará si hay indicios de delito o no.
Las empresas lucenses llevan años pagando anuncios en una publicación oficial de las fiestas patronales por la que nos enteramos hace poco que la administración no veía un euro, pero que avalaba año tras año con un procedimiento oscuro y sin concurrencia competitiva de ninguna clase. Quien firmaba el «convenio» es una concejala que lleva ejerciendo 18 años, con lo que la excusa de la ignorancia no es aceptable. Dar a dedo a una empresa la explotación del nombre de la ciudad no parece lo más razonable, y ahora veremos si es delictivo. Los partidos de la oposición también han puesto la triste excusa de «no querer judicializar» la vida política para no cumplir las advertencias que hicieron en pleno de recurrir a Fiscalía, y por eso somos los particulares los que tenemos que dar un paso adelante, para demostrar que no solo se protesta ante un café.
Hay que dar la cara, a riesgo de que te la rompan, y sin pretender ser ejemplo de nada sí me atrevo a decir a todos los que son conocedores de irregularidades o presuntos delitos que no solo tienen la posibilidad sino que todos tenemos la obligación de comunicarlos a las autoridades.